Regulaciones en Responsabilidad Social y RSE

En esta sección iremos incorporando las novedades, del proceso legal, acontecer
y referencias en los medios de difusión.

nuevo servicio estratégico

AFIP-Resolución General 3642. “Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables”

El Gobernador de Neuquén impulsa la Ley de "Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria", abril 2014

Proyecto de Ley RSE, presentado por la Senadora Liliana Negre de Alonso, diciembre 2013

Mendoza inicia la reglamentación de su nueva Ley 8488 de RSE - diciembre 2012     controversias

Proyecto de Ley 922/12 "Obligatoriedad de Balance Social para empresas estatales o con participación accionaria", por Ma. Laura Leguizamón, Senadora Nacional, Provincia Buenos Aires, abril de 2012    texto completo

Proyecto de Ley de RSE. Martín Cosentino, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Julio de 2011

Proyecto de Ley de RSE. Presentó Fernando Yarade, Diputado Nacional, Salta - Julio de 2011

Leguizamón modifica algunos artículos de Balance Social, Personas con Discapacidad, Conductas Discriminatorias, 2008

Ley Nº 2594 de Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA), Gobierno Ciudad de Buenos Aires

* *   El Gobernador de Neuquén impulsa una Ley de RSE

El Gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley de “Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria” que obligaría a las empresas afincadas en la Provincia de más de 100 millones de pesos de facturación a presentar un plan de RSE y un informe auditado con los avances de dicho plan. La posible futura norma recomienda la utilización del marco GRI y la incorporación del concepto de valor compartido.
El objeto de la ley es promover “conductas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria”, garantizando a la población “el acceso a la información respecto de los resultados obtenidos por su actuar responsable”.

La norma será de cumplimiento voluntario para todas las empresas y organizaciones en general, sean públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, que tenga domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia del Neuquén, o desarrollen su actividad principal en la misma.
Por otro lado, será obligatoria para los concesionarios en general, los permisionarios y concesionarios de recursos naturales, las empresas y organizaciones que presten servicios públicos, y aquellas personas físicas y jurídicas cuya facturación anual supere los cien millones de pesos.

El autor entiende por RSE a “la adopción de conductas permanentes orientadas a lograr un estado de equilibrio entre los objetivos económicos de los sujetos comprendidos en la misma, y las necesidades sociales, ambientales y comunitarias, mediante un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa, contribuyendo al desarrollo sustentable y a la preservación del ambiente”.
También establece que las empresas deberán construir e incorporar en el diseño y materialización de sus políticas, el concepto de valor compartido, generando ámbitos de acercamiento, diálogo y concertación para la acción, que permitan detectar las verdaderas necesidades en orden a la aplicación de la presente norma.

Las empresas deberían presentar un “Plan Anual de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria” con carácter de Declaración Jurada, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
a) Protección y conservación del ambiente;
b) Promoción de la economía social;
c) Financiación de proyectos en áreas y parajes rurales;
d) Fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas por la Provincia en sus planes estratégicos sectoriales;
e) Desarrollo de infraestructura y equipamientos sociales y comunitarios;
f) Otorgamiento de preferencias en la adquisición y locación de bienes y servicios a proveedores neuquinos según las normas vigentes;
g) Creación de empleo neuquino genuino y protección de los derechos laborales;
h) Desarrollo de la formación técnica y profesional;
i) Desarrollo de programas y acciones en materia de recursos humanos;

Cumplido el plazo de vigencia del Plan, la empresa presentará ante la autoridad de aplicación un Informe Anual de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria, que deberá reflejar con objetividad y en forma integral, clara y precisa, la situación real en la que se encuentra respecto al cumplimiento del Plan aprobado.
El Informe deberá tomar con referencia los indicadores de del Global Reporting Initiative (GRI) y será auditado por “los profesionales idóneos”.
La aprobación del Informe Anual de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria, habilita a las compañías a obtener y exhibir el distintivo denominado “Certificado Neuquino de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria” a partir del cual podría acceder a beneficios de acceso al crédito, comercio exterior y promoción.
La norma instituye el “Premio Neuquino a la Excelencia Responsable”, el cual será otorgado por la autoridad de aplicación, entre quienes hayan obtenido el Certificado.
La falsedad u ocultamiento de información en los Informes Anuales o incluso la falta de presentación de los Planes, Informes Anuales y dictámenes de auditoría, podrían llegar a ser sancionados con apercibimientos, suspensiones y multas. El texto online  online

   

Nuevo Proyecto de Ley de RSE de la Senadora Liliana Negre de Alonso, diciembre de 2013

Ingresó en el Congreso Argentino un proyecto de ley que aspira a “fijar el marco jurídico mínimo” de la RSE en todo el país. Lo presentó en diciembre la senadora Liliana T. Negre de Alonso y tiene como objeto que las empresas registren un “balance social” con las acciones de RSE interna y externa realizadas, que será auditado por entidades certificadoras autorizadas. Además, fija beneficios fiscales y económicos para las empresas que presenten el balance y obtengan la “Etiqueta de Responsabilidad Social”.
La futura norma alcanzaría a empresas, entidades, sociedades comerciales, sociedades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, uniones transitorias de empresas, y aquéllas empresas en las que el Estado tenga participación.
De acuerdo al texto, las empresas o entidades “deberán incluir en sus balances anuales, un balance social del cual surja claramente cuáles han sido las inversiones socialmente responsables realizadas por aquéllas como así también las medidas internas y externas enumeradas”.
Según dispone el proyecto de ley las empresas deberán implementar determinadas medidas en el ámbito interno y externo.

Medidas internas:
1) La negociación colectiva con los representantes de los trabajadores;
2) La entrega y la libre consulta de los trabajadores con referencia a los temas relacionados con recursos humanos, seguridad, higiene y salud;
3) La permanente actualización, capacitación y formación de los trabajadores;
4) La no discriminación y la aplicación del principio de igualdad en la contratación laboral;
5) La planificación, gestión y evaluación de los riegos en el trabajo;
6) La realización de auditorías preventivas en materia de accidentes laborales;
7) La protección de aquellas personas que, pero no limitándose a, han revelado la existencia de fraude en la empresa, abuso de autoridad, la violación de normas laborales y sanitarias.

Medidas externas:
1) Reducción de la generación de residuos y del consumo energético y en lo posible el uso de energías renovables;
2) Buenas prácticas medioambientales (por ejemplo: producción limpia, inversión en tecnologías limpias);
3) Reducción de la contaminación del medio ambiente;
4) Realización de inversiones socialmente útiles, entre ellas, el establecimiento de comedores, medidas sanitarias y educativas para residentes, talleres y cursos;
5) Privilegio de contratación de otras empresas socialmente responsables.

De aprobarse la norma, se crearía el Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables donde deberán inscribirse las empresas.

Los sujetos alcanzados por la ley deberán obtener la etiqueta de “Responsabilidad Social” una vez que declarado formalmente su código de conducta y balance social, se haya verificado su cumplimiento efectivo y no hayan incurrido en las causas de exclusión de la certificación.La verificación deberá ser realizada por una entidad de certificación, debidamente acreditada e inscripta en el Registro creado al efecto ante la autoridad de aplicación de la ley. El mantenimiento de la etiqueta de responsabilidad social exigirá además una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la reglamentación de la ley.

Las Causas de Exclusión de la etiqueta de Responsabilidad Social serán cuando:
A) La empresa o entidad carezca de una autorregulación ética expresada en un código de conducta;
B) Los índices de siniestralidad laboral de la empresa superen en el último año la media del sector de actividad en que se integre la empresa;
C) Los trabajadores ocupados en la empresa o, en su caso, en el Grupo de empresas con contratos de trabajo de duración determinada superan la media del sector de actividad en que se integre la empresa;
D) La empresa o sociedad, o en su caso, la sociedad controlante haya sido condenada o sancionada por sentencia judicial o administrativa firme por infracciones graves a las disposiciones sobre contratación laboral, prevención de riesgos laborales o a las normas medioambientales sean éstas locales, provinciales o nacionales.

La Certificación de responsabilidad social da derecho a:
- utilizar públicamente el distintivo de "Empresa Socialmente responsable" en la empresa o entidad misma, en sus productos o servicios, con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación,
- el retorno de hasta el 50 por ciento del importe de las primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
- obtención de las ayudas públicas y subvenciones a la ejecución de los planes de formación de los trabajadores y de mejora medioambiental y de prevención de riesgos laborales,
- reducción del cincuenta por ciento (50%) en los siguientes impuestos: Ganancia, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Ingresos Brutos, Aportes Patronales.

Se crearía, además, el premio anual para la empresa u entidad más responsable. El premio llevará el Nombre de “RENÉ GERÓNIMO FAVALORO”. El mismo será honorífico y llevará el reconocimiento de toda la sociedad. Para otorgar el premio se tendrá en cuenta cual empresa ha ejercido más eficientemente la responsabilidad social, considerando los antecedentes de las mismas. *

Mendoza inicia el proceso de reglamentación de su nueva Ley de RSE

En un acto encabezado por el vicegobernador Ciurca, y del cual participaron funcionarios ministeriales, legislativos, y representantes de Asociaciones Empresariales, se dio a conocer en la Legislatura de la Provincia el proceso que recorrerá la ley 8488 de Responsabilidad Social Empresaria para su reglamentación. La misma será resultado del trabajo conjunto y los aportes de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y asociaciones empresariales.

En el marco de un acto que encabezó el vicegobernador de la Provincia , Carlos Ciurca, quien estuvo acompañado en la apertura por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, el subsecretario de Agroindustria y Tecnología de la Provincia , Martín Hinojosa, y el Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), Sebastián Bigorito, se dio a conocer el proceso que recorrerá la ley 8488 de Responsabilidad Social Empresaria para su reglamentación.

Un aspecto innovador presente en esta reglamentación es que la misma será resultado del trabajo conjunto y los aportes de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y asociaciones empresariales.

Al dar comienzo a la actividad, Ciurca indicó que “para el Gobierno de Mendoza este momento es muy importante. Lo que hacen las leyes es generar condiciones para la realización de acciones, y tener reglamentada y en aplicación una ley como esta coloca a la Provincia como un lugar de avanzada y ejemplo”.

El Vicegobernador resaltó que todo el recorrido que atravesó esta ley se caracterizó por el consenso, y destacó que la presentación del proyecto (derivado de una propuesta realizada por la filial de San Rafael del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el Parlamento Abierto que se realizó en febrero en el departamento del sur) tuvo la firma de todos los presidentes de los bloques parlamentarios, y fue votada por unanimidad.

En especial, Ciurca puso en relevancia que la fase final del mecanismo para la puesta en vigencia de la norma, esto es la reglamentación de la misma, resultará del mismo tipo de diálogo, e indicó que “todavía está abierta la posibilidad de realización de aportes”.

Esta propuesta de trabajo conjunto, innovadora en lo que respecta a la construcción de normas legales, es impulsada por el propio Vicegobernador, junto a Tanús y al ministro de Agroindustria y Tecnología de la Provincia de Mendoza, Marcelo Barg; y han adherido el Consejo de Ciencias Económicas de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) y VALOS. También cuenta con el acompañamiento explícito del gobernador Francisco Pérez, que lo anunció a través de una nota enviada al titular del Poder Legislativo.

La actividad incluyó una serie de presentaciones vinculadas a la temática. La primera de ella estuvo a cargo de Bigorito, quien se explayó respecto de las características y alcances de lo que se denomina Balance Social. La segunda, fue desarrollada por Adolfo Brennan (en representación de Valos) y de María Paz Gómez Centurión (por Mirada Sostenible) quienes destacaron a la ley de Responsabilidad Social Empresaria, a la que calificaron como un anhelo logrado después de un trabajo de años impulsado por Valos, y celebraron la incorporación de este tema a la agenda pública.

Por último, tuvo lugar la exposición de Felipe Sturniolo (Consejo Profesional de Ciencias Económicas) que se refirió al valor de la Responsabilidad Social Empresaria y el rol que los Consejos Profesionales deben cumplir en torno a ella, señalando los aspectos técnicos que la RSE presenta.Para finalizar, Ciurca valoró la importancia del trabajo realizado y del camino propuesto para la reglamentación, ya que “el diálogo y los aportes de distintos protagonistas contribuyen a reducir el margen de error y enriquece la ley”, y aprovechó para invitar a participar a las empresas mendocinas “a las que hay que incentivar y estimular en esto, y en la ley van a encontrar mucho en ese sentido”.

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Ya despierta controversia la Ley de Responsabilidad Empresaria,
LosAndes.com.ar  Edición Impresa: 11 de diciembre de 2012

Desde Valos afirmaron que el Gobierno no puede ejercer la autoridad de aplicación de la RSE en la provincia. Se reunirán mañana en la Legislatura para sugerir modificatorias.
El 24 de octubre fue el día en que la Legislatura provincial, con la anuencia de todos los bloques, aprobó la ley de Responsabilidad Social Empresaria -RSE- Nº 8.488, la cual establece la obligatoriedad de presentar por parte de las firmas que operen en la provincia, un "Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria".
Si bien aún no se ha reglamentado, la normativa ya despierta controversia en algunos sectores empresariales. El primero en señalar nuevas consideraciones en algunos de los artículos de la 8.488 fue Valos, la organización pionera en establecer pautas de RSE en la provincia.
Entre las observaciones, los empresarios de Valos afirmaron que no es posible que sea el Ministerio de Agroindustria del Gobierno, la única autoridad de aplicación de la Responsabilidad Social Empresaria en la provincia.
"No se puede dejar esa responsabilidad en manejos políticos. La autoridad de aplicación debe estar además integrada por representantes de asociaciones y cámaras empresarias, universidades y OSC", señalaron.

Otro de los artículos de la ley que también despierta opiniones encontradas es el referido a los requisitos de los auditores y el rol que desempeña el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Cuyo.
"La normativa si bien establece que podrán realizar reportes de sustentabilidad profesionales independientes, los mismos deben haber realizado un posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, dejando fuera de juego a otras universidades. En cuanto a la instrumentación de la RSE, la norma establece como prioritaria al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nuevamente es necesario incluir otras entidades para evitar todo tipo de arbitrariedades y hasta favoritismos", remarcaron.

Mañana en la Legislatura, el debate será intenso y promete sugerir más modificaciones a la 8.488. Estarán presentes además de Valos, la Federación Económica de Mendoza (FEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), representantes de universidades y OSC.
Expondrá Sebastián Bigorito del Ceads (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible) y participante por Argentina en la elaboración de la ISO 26000 de RSE el que analizará la situación de la sustentabilidad a nivel mundial, latinoamericano y argentino. Luego será el turno de las exposiciones del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Valos.

Alcances - Con esta nueva ley, Mendoza establece la delantera en el país, y se convierte en la primera provincia en contar con una Ley de Responsabilidad Social Empresaria. En el resto del territorio nacional están en danza aún proyectos de ley propulsados por legisladores como la senadora nacional María Laura Leguizamón y los diputados también nacionales Martín Cosentino y Fernando Yarade.
En la provincia la ley, su puesta práctica recién será el 24 de febrero, en sus artículos es obligatoria en la provincia para firmas de gran porte; que incluyan en su planta de personal a más de 300 empleados y que su facturación anual supere los 100 millones de dólares. Pero también es coercitiva para aquellas firmas medianas que pretendan acceder a créditos a tasa subsidiada del Fondo de la Transformación y Crecimiento (FTyC) u otro organismo financiero, así como también de gozar de beneficios impositivos.

En concreto, la normativa establece para las firmas un certificado de "Empresa Socialmente Responsable", el cual tendrá como vigencia un año y será el pasaporte para acceder a beneficios muy concretos.
Así, las empresas responsables tendrán prioridad en las contrataciones con el Estado provincial y municipal; mayor y mejor posibilidad de acceso a la línea de créditos y financiamiento del Fondo para la Transformación y Crecimiento de la Provincia; y aquellas empresas que consigan el "Premio Anual a la Excelencia", obtendrán una bonificación de hasta 10% de descuento en el pago de impuestos provinciales u otros beneficios fiscales.
A su vez, las firmas responsables podrán disponer de un espacio físico otorgado por el municipio que le corresponde a su domicilio en la provincia, con el fin de publicitar sus productos o servicios.

Desde Valos afirmaron que son unas 300 firmas las que llevan a cabo acciones que mitigan el impacto ambiental, y fomentan el desarrollo de sus empleados y comunidades, entre otras iniciativas ligadas al desarrollo sustentable.

 

Presentan un proyecto para fomentar la Responsabilidad Social Empresaria

Impulsado por la senadora María Laura Leguizamón (FpV), establece la “obligatoriedad de confección de balances sociales para empresas estatales y aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación accionaria”.

La senadora oficialista María Laura Leguizamón impulsa un proyecto de ley para la “obligatoriedad de confección de balances sociales para empresas estatales y aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación accionaria”. La iniciativa tiene como fin fortalecer el desarrollo de la responsabilidad social que implica “el cuidado del medio ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen trato al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo sostenible”.

Asimismo, los funcionarios públicos que se encuentren al frente de las empresas del Estado o aquellos que representen la participación accionaria estatal en personas jurídicas mixtas, serán los responsables de publicar o hacer publicar las metas que durante su período de ejercicio estimen alcanzar en relación al desarrollo sostenible en materia de responsabilidad social empresaria y su correspondiente impacto en el balance social.

Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de la normativa, se insta la creación en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación de un Consejo de Responsabilidad Social Empresaria, que arbitrará los medios para contar con indicadores de gestión diseñados de modo tal que reflejen objetivamente la correspondiente valoración y evaluación de sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de cada una de las organizaciones sujetas a la presente norma.

Fuente: Parlamentario.com 26-4-201

- - -   TEXTO Proyecto de Ley 922/12
Obligatoriedad de confección de Balances Sociales para Empresas Estatales - Publicado el 03 de mayo de 2012

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc:
Artículo 1º – DECLÁRASE obligatorio para las Empresas Estatales y aquellas en las que el Estado Argentino tiene participación accionaria la Confección de un Balance Social al menos en forma Anual.
Art. 2º – El objeto de la presente declaración, es a los efectos de comenzar a exigir que la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA sea protagonista, implicando con ello, buen gobierno corporativo, cuidado del medio ambiente, cero tolerancia a la discriminación, buen trato al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo sostenible.
Art. 3º – La confección de estos Balances Sociales deberán satisfacer sustancialmente las características de contar con Objetivos Concretos, integrales, Mensurables y Auditables en todos sus resultados estimados definidos con uniformidad de criterios y mediante la utilización de indicadores de referencia que aporten la seriedad, la confianza y el sentido que sustenta su implementación.
Art. 4º - Los funcionarios públicos que asuman al frente de las Empresas del Estado o aquellos que representen la participación accionaria Estatal, serán los responsables de publicar o hacer publicar las metas que durante su período de ejercicio estimen alcanzar en relación al desarrollo sostenible en materia de RSE y su correspondiente impacto en el Balance Social.
Art. 5º. – REQUIÉRASE AL PODER EJECUTIVO NACIONAL que disponga la creación en el ámbito de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y en el universo de control de la Ley 24.156, de un Consejo de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, que arbitrará los medios suficientes a fin de contar con indicadores de gestión diseñados de modo tal que reflejen objetivamente la correspondiente valoración y evaluación de sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de cada una de las organizaciones sujetas a la presente norma.
Art. 6º – INVÍTESE a las Provincias a Adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos

Señor Presidente:
El objeto del presente proyecto es implementar la confección del Balance Social en Empresas Estatales y aquellas en las que el Estado Argentino tiene participación accionaria.
El desarrollo de las actividades económicas conlleva la implementación de acciones tendientes al desarrollo y cobertura de necesidades de intercambio o contraprestación dineraria, que se traducen en adquisición de bienes o recepción de moneda como forma de pago.
En un abordaje sencillo, se puede observar que estos movimientos bien pueden expresarse mediante las herramientas que la contabilidad financiera generó para ello, dando cuenta hoy día la significación que el uso de los Balances Contables tiene en el devenir de las operaciones comerciales. Estas herramientas contables tienen, para el entramado empresarial público o privado, especial importancia a la hora de diagramar un eventual acceso en la Bolsa de Valores.
Las empresas públicas cumplen un rol singular, toda vez que las relaciones institucionales e interpersonales irán configurando los distintos intereses que hacen a una comunidad de negocios inserta fuertemente en la sociedad argentina, y donde no pueden faltar las normas sociales que conforman el abanico de valores comunes, que se encuentran en cada una de las actividades económicas – productivas que habitualmente desarrollan.
Entonces, al hablar de productos, intercambios o personas, cabría entender que la secuencia de productos finales no son meros resultados de procesos económicos que llevan a cubrir otras necesidades, sino que además importan las formas en las que se desarrolla aquel proceso productivo, y las cualidades sociales que de ellos se desprendan.
Este valor agregado no debe ser entendido como un costo adicional, sino más bien como un tratamiento en función de conjugar el “quehacer” como actividad generadora de sustentos, con el “modo” en que estas actividades devienen cotidianamente, y la valoración social que de ellas surjan.

Compete al Estado (y surge claramente conceptualizado en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidades, en su Resolución Nº 41/128 del 04 de diciembre de 1986), la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas, y ello conlleva el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la pobñación entera, y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste (conf. art. 2.3). A este respecto, la mencionada Resolución señala que los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultante de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 6.3).
También se deben tomar en el plano nacional, y con encuadre constitucional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo, y garantizar, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos, y especialmente determina que deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con el objeto de erradicar todas las injusticias sociales.
Esta conceptualización en modo alguno puede atentar contra la productividad de las empresas en beneficio de las exclusivas conquistas sociales, sino, muy por el contrario, se pretende avanzar en un sentido más amplio de una productividad como unidad mensurable, que permita contemplar las características cualitativas en que se desarrolla la producción y las actividades económicas, conjuntamente con el alcance de las necesidades básicas, nivel de empleo, discriminación de cualquier tipo, buen trato al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo.

Es imperioso avanzar en una sustancia real que vincule la responsabilidad social con el desarrollo económico, ya que, en el mundo pequeños inversionistas y fondos de inversión con conciencia social, comienzan a exigir que la RSE sea protagonista, implicando con ello, buen gobierno corporativo, cuidado del medio ambiente, cerro tolerancia a la discriminación, buen trato al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo.
El fin es realizar un cambio de paradigma, que implica al concepto de responsabilidad social, para verlo no como una carga más, sino, por el contrario, como un beneficio para quien la impulse, donde además de contribuir en forma práctica, moral o intelectualmente con la sociedad, se logra una metamorfosis donde la empresa se repiensa a sí misma en aspectos de legitimidad, moral pública y privada, y fundamentalmente entendiendo a la Responsabilidad Social no como una opción sino como una necesidad a satisfacer en cada uno de sus integrantes.
Si en virtud a ello agregamos las particularidades de un mercado fuertemente globalizado, donde las empresas deben tener una visión y objetivos de inversión y desarrollo alineados a la visión de País, seguramente se entenderá que el lenguaje y el significado de la Responsabilidad Social Empresaria debe ser tan universal como sea posible, conformando así una herramienta de promoción y apoyo a la implementación de este concepto.

Por ello debemos asumir el compromiso de integrar los esfuerzos de las empresas, del Gobierno y de la Sociedad, del que obtenemos como resultado un espíritu emprendedor a nivel social, más inversiones en todas las áreas, conjuntamente con mayores niveles de innovación en pos de la construcción de un camino hacia una sociedad más igualitaria, que pueda ver interpretadas las diversidades de cada aporte social como bien común.
Un enfoque renovador y sistémico que pregona el actuar productivo, generando efectos positivos en la sociedad donde se realizan las transacciones, respetando, en consecuencia, el buen trato y la convivencia, la vida de los demás, su libertad, y evitando las prácticas laborales abusivas circunscriptas niños, mujeres, inmigrantes, personas con capacidades limitadas ó cuestiones raciales, culturales ó religiosas.
Por ello impulsamos este proyecto de ley que enfatiza las virtudes del Balance Social, alcanzando en esta primera enunciación a las actividades desarrolladas en las Empresas Estatales, como así a las que posean una participación del Estado Nacional en sus acciones; instando así el punto referencial que configura no sólo a dichos entes como cruciales para el desarrollo nacional, sino que además confluya con las acciones correspondientes al rol protagónico que debe desempeñar un Estado a fin de garantizar el bienestar general de la población.

Así, con la implementación de políticas públicas activas y con la exigencia de dichos Balances Sociales, las empresas aumentarán el impacto de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresaria, capitalizando de igual forma la sustentabilidad de sus programas y acciones, pero no con la intermediación de una filantropía sujeta a la buena predisposición y consideración de quien así lo interprete, sino más bien sujeta a un marco legal que norme y contribuya al impacto que da fundamento para la presente práctica social.
No en vano la constitución de cada país en lo social, lo político y lo económico, debe encontrarse reflejado en algunas de estas tendencias: 1) Pautas voluntarias o estándares obligatorios que lleva a las empresas a implementar prácticas socialmente responsables o se las exigen; 2) Campañas nacionales que crean conciencia sobre asuntos de Responsabilidad Social Empresaria; y 3) Fondos gubernamentales que se ponen a disposición del sector privado para la implementación de programas de RSE.

De esta forma bregamos por una transformación del pensamiento de los negocios en pos de su éxito económico, pero acompañado con progreso social como meta final, donde los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado puedan restituir la confianza, como aportar soluciones más eficientes a problemas sociales.
El Estado tiene claro protagonismo en el desarrollo de las actividades socieconómicas y es el papel principal que en forma preventiva debe asumir para promover y llevar adelante una valorización del concepto de Responsabilidad Social Empresaria, sea mediante sus políticas o, puntualmente, exigiendo a las empresas públicas o en las que detente tenencia accionaria, la exigencia que, inicialmente, als haga interpretes en la confección de Balances Sociales en forma anual, instando con su implementación estos últimos surjan como verdaderos mecanismos de promoción de responsabilidad corporativa, como así, ejemplos de buena gobernabilidad.
Tal promoción de las acciones respectivas deberán comprenderse en dicho ámbito empresario como un interés clave en sus estructuras de operación, logrando así mayores niveles de conciencia en virtud de los esfuerzos del sector público por promover Responsabilidad Social Empresaria, y el beneficio que de su impacto reciban, aumentando asimismo las pertinentes ventajas comparativas en relación a otros entes todavía no alcanzados por esta norma.

El Balance Social (como resumen organizado de aquella información que traduce la contribución que se hace desde la empresa a la sociedad, informando sus resultados sociales, además de administrador del apoyo en una fase de evolución de los respectivos planes de cuentas como uno de los componentes del sistema contable; como así demostrando cuáles fueron las políticas practicadas y cuáles sus reflejos en el patrimonio y en el resto de los objetivos organizacionales); evidencia la participación de las empresas en el proceso de evolución social.
La confección de estos Balances Sociales deberán satisfacer sustancialmente las características de contar con Objetivos Concretos, Integrales, Mensurables, y Auditables en todos los resultados estimados; definidos con uniformidad de criterios y mediante la utilización de indicadores de referencia que aporten la seriedad, la confianza y el sentido que sustenta su implementación.
En relación a su implementación, los Balances Sociales considerarán los antecedentes que la Legislación nacional ha promovido en relación a:

- Accionistas y todo lo que en su ámbito se reglara bajo la denominación de Gobierno Corporativo, como así la normativa dispuesta a través de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (y sus ochenta y siete modificaciones); el Decreto 677/01, que aprueba el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, y sus correspondientes modificaciones por Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (léase Resoluciones 371/01, 400/02, 493/06 y 516/07) y por Resoluciones de la Sindicatura General de la Nación (léase Resolución 37/06, relativa a normas de control interno), siendo además de aplicación los estatutos pertinentes que cada empresa refiera.

- Empleados y la normativa que le fuera aplicable en materia de Ordenamiento del Régimen Laboral (Ley 25.877); de Asociaciones Sindicales (Resolución 123/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ley 25.674; Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 467/88; Ley 19.549 y su Decreto Reglamentario 1883/91); de Trabajo Infantil (Ley 24.650 y Decreto 719/001); de Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (Ley 25.674, Decreto 514/03, Resolución 656/02, y Decreto 258/98); de Discapacidad y grupos vulnerables (Leyes 25.212, 24.716, 24.147, 24.308, 22.431 y 23.462; Decretos 230/99, 771/96 y 795/94); de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557).

- Consumidores y aquello estrictamente vinculado a Defensa de los Consumidores y Usuarios, como así lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional en sus artículos 41 y 42 (en virtud que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en las relaciones de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno); y por la Ley General del Ambiente 25.675 (por cuanto establece los presupuestos mínimos de gestión sustentable y los objetivos nacionales de gestión ambiental).

Como instrumento de gestión, el Balance Social se aplicará en el marco de un proceso de rendición de cuentas en donde expondrá el análisis de los aspectos ambientales y sociales, necesarios para la comprensión de la evolución, el rendimiento y la situación de la empresa. De este modo es posible impulsar la utilización de una herramienta que permita mensurar el perfeccionamiento de los programas de Responsabilidad Social Empresaria que obligatoriamente deban aplicarse, siendo la propia sociedad la principal destinataria y auditora de dichas acciones.

Así, la obligatoriedad enunciada anteriormente, sienta sus bases en la importancia de entender la Responsabilidad Social Empresaria como un enfoque de gestión ética, por el cual se inducen los comportamientos responsables hacia todas las personas y grupos que interactúan con la empresa, como así el modo en que ello debe reflejarse como fuente de confianza y crecimiento, tanto en su ambiente, como en el entorno que lo rodea.

La periodicidad de los Balances Sociales se realizará en forma anual, en el mes de diciembre de cada año –o en forma conjunta a la emisión de los Balances Contables-, con el fin de determinar si éstos se encuentran bien definidos y orientados, como así a los efectos de medir avances y retrocesos en materia de Responsabilidad Social Empresaria.

Cabe destacar que el documento anual deberá incluir:
- Informe provisorio;
- Informe de gestión empresaria;
- Comunicados de control interno;
- Informes de sustentabilidad, siendo éstos una herramienta para impulsar el trabajo con desarrollo sustentable.

Es menester considerar que toda información contenida dentro del Balance Social deberá reflejar los mayores niveles de transparencia a fin de suministrar una buena descripción de las actividades de las empresas estatales y proveer de las bases para una evaluación y seguimiento continuo de las acciones que desarrolle la empresa, como así sus correspondientes metas y objetivos.

Los funcionarios públicos que asuman al frente de las empresas del Estado, o aquellos que representen la participación accionaria estatal, serán los responsables de publicar o hacer publicar las metas que durante su período de ejercicio estimen alcanzar en relación al desarrollo sostenible en materia de Responsabilidad Social Empresaria y su correspondiente impacto en el Balance Social.

Las empresas estatales serán objeto específico de las presentes directrices, siendo que en aquellos casos que el Estado Nacional sea miembro del Directorio, tenderá -junto con los demás propietarios- a procurar que estas directrices se apliquen en las empresas de participación compartida.

En relación a la actividad empresarial, las empresas deberán constatar o hacer constatar la pertinente valoración, que en el giro de sus negocios y/o actividades de cualquier índole se encuentren ligadas al impacto ambiental, social y económico de la población; pudiendo asimismo y en cualquier oportunidad, consultar a sus directivos acerca de su opinión al respecto.

En tal sentido, pueden determinarse estándares que hagan a la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad del género, el respeto por los derechos laborales, la promoción de pautas de participación comunal, las prácticas sociales o aportes que se hubieran creado para contribuir en el desarrollo social.

Finalmente debemos decir que, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del presente proyecto, se insta la creación en el ámbito de la Sindicatura General de la Nación de un Consejo de Responsabilidad Social Empresaria, que arbitrará los medios para contar con indicadores de gestión diseñados de modo tal que reflejen objetivamente la correspondiente valoración y evaluación de sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de cada una de las organizaciones sujetas a la presente norma.

El ámbito de creación de dicho Consejo encuentra su razón de ser en que se trata de un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia y autarquía financiera, dependiente de la Presidencia de la Nación (conf. art. 96 de la Ley 24.156 de Administración y Financiera).

Para concluir, debemos decir que el requerimiento de informes de Responsabilidad Social en los entes, tanto públicos como privados, supone no sólo la exposición de las acciones que impactan en todos los miembros de la comunidad, sino que ayuda a la coherencia de los procedimientos, indicadores e informes referidos a la Responsabilidad Social. La obligatoriedad de la presentación del Balance Social –como primer paso en la totalidad de las empresas estatales o con participación estatal-, sin dudas impulsará el establecimiento de una mejora en la planificación estratégica de las acciones socialmente responsables.

Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Dra. María Laura Leguizamón, Senadora Nacional
Fuente: MariaLauraLeguizamon.com
 

   
     

La Provincia anunció que envió a la legislatura un proyecto de ley de Responsabilidad Social Empresaria

En el marco de un acto llevado a cabo en la gobernación, el Jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, anunció que fue presentado en la Legislatura el primer proyecto de Ley en el territorio nacional dedicado íntegramente a la promoción de la Responsabilidad Social Empresaria.

El proyecto, presentado por el diputado Martín Consentino en la Cámara de Diputados, fue elaborado en el diálogo y el consenso con cámaras empresarias, fundaciones y organismos internacionales.

Al respecto, el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, dijo que “tras la instancia de consulta, revisión y modificaciones con el sector, alcanzamos un texto para poner a consideración de los legisladores y obtener mediante una herramienta legal una norma que inste, aliente y potencie a las empresas a efectuar acciones de responsabilidad social”.


Las autoridades estiman que la implementación de esta normativa permitirá contar con un registro donde se asienten los esfuerzos que las empresas y entidades realicen en el territorio provincial, tendientes a mejorar sus condiciones de salud, seguridad y medio ambiente, siempre en el marco de los derechos humanos, los derechos laborales y los códigos de conducta establecidos.
“Desde el inicio de la gestión, el gobernador Scioli ha dicho que el sector privado debe ser el socio estratégico de la gestión pública ya que la suma de los esfuerzos del sector privado y las organizaciones no gubernamentales y los del sector público pueden mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en los sectores que más lo necesitan”, consideró Alberto Pérez.
Por su parte, el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Carlos Gianella, hizo un agradecimiento “al diputado Martín Cosentino y al bloque del Frente para la Victoria que acompañó esta iniciativa apoyando la presentación del proyecto que esperamos sea tratado por ambas cámaras”.
El Responsable del Programa Provincial de Responsabilidad Social Empresaria, Marcelo López, dijo que “desde el gobierno provincial esperamos que la norma sea un elemento que nos permita articular acciones entre empresas de diverso volumen de facturación y de generación de empleo” y adelantó que “el proyecto propone la creación de una página web que difunda y concentre las acciones solidarias que se desarrollen en la Provincia”.
La ley prevé la creación del Premio ‘Juntos es Mejor’ a través del cual, la Provincia distinguirá cada año a las compañías, fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil por sus aportes a través de acciones o programas puestos en ejecución durante ese período.
El gobierno provincial, premió esta mañana a las empresas que participaron de una experiencia que tuvo lugar este verano en el barrio La Serena de Mar del Plata. Recibieron el premio Juntos es Mejor la Casa Ronald Mc Donald; la Fundación Avon; LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer); la empresa Essilor; la Fundación Más Visión; el Hospital Austral y la Fundación Banco Provincia, que durante un operativo encabezado por el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete, entregaron 60 pares de lentes, y realizaron mamografías a 185 mujeres y casi 600 controles pediátricos de manera gratuita.

Fuente: Gobierno Provincia de Buenos Aires, gacetilla 19-03-2012

   
     
Nuevo proyecto de Ley de RSE en el Congreso a cargo del Diputado Nacional Fernando Yarade. Julio de 2011   acceso al
documento completo


El diputado nacional Fernando Yarade presentó en la Cámara de Diputados el 21 de julio un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto fija los institutos del Código de Conducta y de un “Balance Socio Ambiental” auditado por un contador. También propone incentivos fiscales y económicos. Es su elaboración colaboró la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Según el autor el proyecto de ley tiene por objeto “instituir el marco legal que regule el desarrollo de las conductas de responsabilidad social empresaria que se realicen dentro del territorio de la República Argentina”.
La propuesta legislativa parte del presupuesto que "la RSE debe ser voluntaria y no obligada, ya que existe legislación vigente en todos los ámbitos que incumben los negocios las cuales garantizan un piso mínimo de protección a la sociedad".
Es su elaboración colaboraron la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.

Estructura resumida del proyecto
En primer lugar, se reconoce que las acciones y conductas de RSE son facultativas y que cada empresa contribuirá en esta temática “de la forma que mejor lo entienda”.
Propone que las conductas de RSE que la empresa se compromete a realizar sean plasmadas en un código de conducta. A su vez, las conductas socialmente responsables realizadas por la empresa “serán evaluadas y expuestas mediante indicadores de desempeño que midan el grado de cumplimiento de las mismas”.
El documento donde constara todo ello sería el “balance socio ambiental”, que será regulado por la Federación Argentina de Consejos profesionales de Ciencias Económicas.
El proyecto hace referencia a la auditoria del balance socio ambiental, de modo tal que, un profesional “de fe pública de la razonabilidad de los datos allí vertidos“.
A su vez se instauran beneficios impositivos y no impositivos que sirven de incentivos a realizar “conductas socialmente responsables”.
A modo de ejemplo, entre los impositivos encontramos: deducción en el impuesto a las ganancias de las erogaciones que las conductas de RSE demanden; Computo como crédito fiscal en el IVA del monto de IVA facturado por compras provenientes de conceptos vinculados a la realización de conductas de RSE y; exención en el impuesto a la ganancia mínima presunta de los bienes que sean destinados facilitar conductas de RSE.
Al final del mismo, en materia de legislación sobre políticas públicas sobre responsabilidad social empresaria, se ha dispuesto que sea el estado nacional quien dicte los presupuestos mínimos de protección social y ambiental y, a su vez, las jurisdicciones locales serán las que regulen las normas complementarias que fijen los criterios y parámetros para la definición de dichas políticas públicas.

Fundamentos y contexto
El proyecto se refiere al concepto de "conductas socialmente responsables", tomado de la Cumbre de Lisboa de la Unión Europea en el año 2000.
En los fundamentos se advierte que “no existe una definición estricta de lo que con el concepto se quiere significar. Por otro lado, la legislación interna y la asumida a nivel internacional por otros países difiere en cuanto a los alcances reconocidos a estos fenómenos”.
El legislador identifica las áreas de inversión y líneas de prioridad de la RSE según una encuesta de "ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia" publicada en marzo de este año.
Otro de los objetivos que perseguiría la futura norma es el de incluir conductas de RSE en la “cadena de valor”, según la definición aportada por el académico estadounidense Michel Porter.
Yarade considera que la RSE “crea ventajas competitivas difíciles de imitar. Se trata de incluir en la estrategia una gestión responsable y comunicarla para ser competitivos a largo plazo”.
En otro de los considerandos de los fundamentos se afirma que el espíritu de la ley incluye también al sector Pyme.
Reconoce como marco de antecedentes iniciativas tan diversas como la Ley de Extremadura (España) sobre RSE, Norma ISO 26000, Principios de Ecuador y Global Reporting Initiative (GRI).

Otros proyectos
La diputada María Laura Leguizamón presentó un proyecto de similares caracterísiticas en 2005, cuando era senadora nacional, que finalmente perdió estado parlamentario. Desde la Cámara baja retomó su iniciativa sobre responsabilidad social y presentó un proyecto para modificar los artículos concernientes al Balance Social comprendido en la ley sobre régimen laboral. El texto del proyecto establece la obligatoriedad de la presentación para las empresas que tengan más de 300 empleados.

Fuente: ComunicaRSE, 3.08.2011

    Texto del Proyecto de Ley Responsabilidad Social Empresaria

Senado de la Nación, Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones (S-3735/05)
El Senado y Cámara de Diputados

Articulo 1. - Esta ley fija el marco jurídico de la responsabilidad social empresaria (RSE) al cual se deben ceñir las empresas nacionales o extranjeras que actúan en el país y establecer normas de transparencia y control de las empresas con su público de relacionamiento. Esta ley se debe cumplir en forma obligatoria para las empresas comprendidas en el artículo 2. Para el resto de las empresas su aplicación es voluntaria.
Las regulaciones enmarcadas en las convenciones colectivas de trabajo, podrán vincular a las empresas incluidas en sus ámbitos de aplicación pero deberán ajustarse a la regulación mínima que establece esta ley.

Artículo 2.- Sustituyese el artículo 25° de la ley de Régimen Laboral Nº 25877, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 25.- Las empresas que cuenten con más de TRESCIENTOS (300) trabajadores deberán elaborar un balance social. También están obligadas a hacerlo aquellas empresas o grupo de empresas que acudan a la financiación de los mercados financieros organizados. Asimismo deberán contar con un balance social aquellas empresas o grupo de empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
Los balances sociales de las empresas descriptas en este inciso deberán ser validados por una auditoría social externa."

Artículo 3. - A efectos de esta Ley se entiende por:
Responsabilidad Social Empresaria, a la adopción por parte de la empresa de un compromiso de participar como ciudadana, contribuyendo a aliviar los problemas de la comunidad donde está inserta asumiendo una conducta ética Es una filosofía corporativa, conjunto de políticas, prácticas y programas adoptada por todos los integrantes de la empresa para actuar en beneficio de los trabajadores, su público de relacionamiento, la comunidad y el ambiente que perdura a lo largo del tiempo.
Balance social de la empresa, al documento que recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa y permite evaluar su desempeño en términos de activos y pasivos sociales durante un período determinado.
Público de relacionamiento, a cualquier individuo o grupo de individuos que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa. El término incluye a proveedores, clientes, accionistas, empleados, comunidades, grupos políticos, Gobiernos, medios de comunicación, etc.
Producto socialmente responsable, al que se produce y comercializa de acuerdo con las buenas prácticas de desarrollo humano sostenible y cuidado del ambiente.
Inversión socialmente responsable, a la que compatibiliza los rendimientos económicos de la empresa con los valores de sostenibilidad ambientales y sociales de los recursos para las próximas generaciones.
Código de conducta, a la declaración formal de valores y prácticas comerciales que una empresa se compromete cumplir y exigir su cumplimiento.
Certificación de responsabilidad social, a la verificación formal por una entidad de certificación, del cumplimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas y su código de conducta.
Auditoría social y reporte, a la evaluación sistemática y documentada, por una entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las buenas prácticas de responsabilidad social comparada con estándares y el cumplimiento de especificaciones de la certificación de responsabilidad social de la empresa.

Artículo 4. - Sustituyese el artículo art. 26° de la ley de Régimen Laboral nro. 25.877, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 26.-El balance social de las empresas o grupo de empresas se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio.
El balance social de la empresa será comunicado por la representación de la empresa a la representación sindical de los trabajadores con un plazo de 30 (TREINTA) días de anterioridad para su examen, a efectos de consulta previo a la aprobación definitiva.
El Balance social contendrá conceptos relacionados con el ejercicio de la actividad de la empresa de aspectos que no son solo de carácter financiero o económico, sino que tiene como objetivo mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente; y la magnitud del mismo.
Los siguientes conceptos fijan la información mínima que la empresa debe proveer para la confección del Balance Social. Los mismos tienen carácter enunciativo, pudiendo la empresa ampliar el alcance de los ítems expuestos a continuación de acuerdo a su discrecionalidad.

a) Recursos humanos
- Remuneraciones y cargas sociales (Totales y promedio)
- Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías
- Cantidad de dependientes categorizados por edad, categoría laboral, sexo, nacionalidad, permanentes o contratados, tiempo completo o parcial. Evolución de la dotación del personal
- Ausentismo (cantidad de días por motivo)
- Rotación del personal por edad y sexo
- Capacitación
- Pagos a la seguridad social y fondos de pensiones
- Costos de administradoras de riesgos de trabajo
- Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo
- Enfermedades y accidentes (cantidad de casos por tipo de enfermedad, tasas de gravedad, cantidad de accidentes, cantidad de días perdidos por accidentes, cantidad de días perdidos por enfermedad.)
- Evaluación de riesgos laborales
- Análisis, planificación y gestión de riesgos
- Préstamos según fines
- Biblioteca para uso de los Empleados y sus familias
- Programas de recreación y deportes
- Grado de satisfacción por pertenecer a la organización
- Participación en voluntariado social

b) Clientes y proveedores
- Grado de satisfacción por el trato
- Grado de satisfacción por los productos

c) Ambiente
- Grado de utilización de elementos naturales
- Utilización de la empresa de un sistema de gestión ambiental
- Tratamiento de desechos industriales
- Uso de distintas fuentes energéticas
- Programas de utilización de elementos reciclados
- Programas de reducción de la contaminación del aire y el suelo
- Programas de reducción de la polución acústica
- Evolución de emisiones industriales generadas

d) Comunidad
- Colaboración con entidades benéficas
- Gastos en fundaciones propias (salud, arte, cultura, educación, filantrópicas, etc.)
- Programa de capacitación a desempleados
- Programas de voluntariado corporativo
- Colaboración con comunidades carenciadas
- Programas de integración de minorías"

Artículo 5.- El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación de lo establecido en la presente ley.

Artículo 6. - Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de la certificación que establece este artículo.
La normalización de la responsabilidad social de las empresas debe considerar como mínimo, la evaluación de los aspectos enumerados en el artículo anterior, sin perjuicio de la aplicación integrada de normas destinadas a la certificación de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación acreditada, exige una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad se ha certificado.
Los procesos de evaluación de los aspectos de la responsabilidad social para la certificación y los de auditoría social deberán incluir la información y consulta a la representación de los trabajadores de la empresa.

Artículo 7.- La certificación de responsabilidad social otorga el derecho a la empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente el distintivo de "Socialmente Responsable" con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación.

Artículo 8.- El incumplimiento por parte de la empresa de la confección del Balance Social, en los casos de que sea legalmente obligatorio, o si se omitiere o falseare información relevante para los grupos de interés, queda tipificado como una infracción.

Artículo 9.- Se crea el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María L. Leguizamón.- Jorge M. Capitanich.-
 


Fundamentos

Sr. Presidente:

La Responsabilidad Social Empresaria es un concepto que implica que las empresas - agentes importantísimos de la sociedad moderna - integren preocupaciones de índole social y ambiental en sus operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.

Así, los procesos de globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como parte de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los últimos años, sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los individuos con la preservación del ambiente y la gestión de recursos no renovables de manera de dejar a las próximas generaciones un mundo, al menos, en las mismas condiciones que en las cuales lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en lo referido a lo económico y social, las presiones que sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores, sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la forma de hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia la RSE como medio de contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es parte la empresa.
El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas. De este modo, se pretende abrir un cauce para la discusión de las ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la empresa argentina.
La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de definir objetivos teniendo como visión la sostenibilidad, la cual contempla la generación de riqueza -o rentabilidad del negocio- y al mismo tiempo remarcando los valores de equilibrio ambiental y equidad social. Este enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo a través de mejorar el relacionamiento tanto con el público interno como el externo, los cuales incluye los empleados accionistas, consumidores, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.

Esta ley espera ser el puntapié inicial para el desarrollo de una cultura empresaria basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización. Una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en este sentido, es mediante la publicación del Balance Social, herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los aspectos no solo económicos, sino también ambientales y sociales.
No son muchas las empresas que actualmente realizan balances sociales y menos las que lo hacen público. El balance social ayudará a disminuir la brecha entre lo que la empresa cree que hace y lo que efectivamente realiza. Un Balance Social equitativo y socialmente responsable tendrá que contemplar no solo la perspectiva económica, sino también la laboral, comunitaria, ambiental y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más que de lo que la empresa produce. Estas dos visiones, la económico-financiera destinada a los accionistas, y la social-ambiental-comunitaria, destinada a una variada gama de grupos relacionados con la compañía, son complementarias e indispensables para generar valor para la empresa y la sociedad en su conjunto.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad social empresaria es un concepto esencial al momento de hacer negocios, en Argentina tenemos un largo camino que recorrer para hacer de esto la regla, y no la excepción. Es nuestro objetivo empezar con esta ley a desandar este camino.  María L. Leguizamón.- Jorge M. Capitanich.-
Fuente ComunicaRSE


 

 

   Llega al Senado un Proyecto de Ley RSE

Mediante un proyecto que ingresó en el Senado la legisladora María Laura Leguizamón (PJ - Ciudad de Buenos Aires) se impulsan normas de transparencia y control del empresariado. Así, propone reformar la ley 25.877, de Régimen Laboral, y exigir que ciertas compañías presenten un documento donde se detallen los resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresaria ... Actualmente se debate en la agenda mundial y será tema de discusión en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según se resume en el texto del proyecto "esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la empresa argentina".

Actualmente existe un marco jurídico de la responsabilidad social empresaria para las empresas nacionales o extranjeras que actúan en el país y establece normas de transparencia y control de las empresas con su público de relacionamiento.  Este régimen debe ser cumplido en forma obligatoria por las empresas que, conforme al artículo 25 de la Ley de Régimen Laboral, "cuenten con más de 300 trabajadores deberán elaborar un balance social. También están obligadas a hacerlo aquellas empresas o grupo de empresas que acudan a la financiación de los mercados financieros organizados. Asimismo, deberán contar con un balance social aquellas empresas o grupo de empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos". Así, "los balances sociales de las empresas descriptas en este inciso deberán ser validados por una auditoria social externa." Para el resto de las empresas su aplicación es voluntaria.

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la autoridad de aplicación de lo establecido en la ley.

Según se define en la iniciativa, las empresas podrán obtener la certificación de responsabilidad social cuando "su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de la certificación".  Esta certificación de responsabilidad social otorgará el derecho a la empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente el distintivo de "Socialmente Responsable" con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación.
Según Leguizamón, "la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como parte de la identidad nacional".

Así, frente al auge de esta temática y a la falta de reglamentación que existe en la Argentina, se llegó a la determinación de proponer un marco jurídico al cual las empresas deben ajustarse.

"El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas", explica Leguizamón. Asimismo hace hincapié en que mediante esta iniciativa "se pretende abrir un cauce para la discusión de las ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad".

Puntos del proyecto
- Algunos de los interrogantes planteados giran en torno a saber qué alianzas se deberían entretejer entre los sectores empresariales, gubernamentales, ONG, organismos internacionales e instituciones educativas; en qué hacen las empresas por la comunidad, entre otros cuestionamientos.
- Según se define en el proyecto, se entiende por Responsabilidad Social Empresaria la adopción por parte de la empresa de un compromiso de contribuir a aliviar los problemas de la comunidad donde está inserta asumiendo una conducta ética. Se trata de "una filosofía corporativa, conjunto de políticas, prácticas y programas adoptada por todos los integrantes de la empresa para actuar en beneficio de los trabajadores, su público de relacionamiento, la comunidad y el ambiente que perdura a lo largo del tiempo".
- Se establece también que "el balance social de las empresas o grupo de empresas se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio". 
Por Sabrina Santopinto - Especial para infobaeprofesional.com
Diciembre de 2005 - Fuente ComunicaRSE


 


   Un tibio paso hacia la regulación de la RSE

El proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que han presentado los senadores argentinos Jorge Capitanich y María Laura Leguizamón contiene todas las buenas intenciones pero entrelíneas deja algunas inquietudes.
La situación en Latinoamérica respecto de la RSE es dispar: Brasil, Argentina y Chile son quienes parecen llevar la delantera, pero más de una veintena de países siguen haciendo aguas en el tema.
Por un lado, la existencia de una ley que abarque el campo de la responsabildad social es positiva, dado que hasta el momento existe un vacío legal en la Argentina a pesar de algunas normas que ya hemos comentado.
Pero esta regulación puede provocar un efecto negativo en las pequeñas y medianas empresas que se habían comenzado a mostrar socialmente responsables. Así como la RSE se convirtió en un elemento indispensable para que las PyMES participaran como proveedoras de las grandes empresas con trayectoria en RSE, del mismo modo podría observarse una merma en la actividad solidaria de muchísimas empresas que no están comprendidas en los planes de los autores del proyecto de ley.
Por otro parte, la regulación por parte del Estado de elementos tales como la acción solidaria de una empresa no parece ser un buen síntoma de ir avanzando en el camino de la RSE en Argentina.
Consultados tres bufetes de abogados, especialistas en Sociedades, sólo en uno estaban al tanto del proyecto pero prefirieron no emitir opinión por no estar "interiorizados en el proyecto en sí".
Las voces corrieron durante el segundo semestre de 2005 insistiendo en que "el Gobierno le va a dar manija al tema de la RSE", pero de hecho no pasó más que de algunas declaraciones.
Mientras en Buenos Aires los legisladores presentan una ley básica, y en cierta medida útil, surgen algunas preguntas sobre el contenido del proyecto:

¿Qué pasa con los que quedan afuera?
De ponerse en práctica, la Ley implicaría un costo significativo para las empresas, ¿se baraja también la posibilidad de una reducción de impuestos para las empresas comprendidas en la Ley?

¿Qué gana el Estado al exigir RSE obligatoria por parte de las empresas?

¿Las empresas controladas por el Estado, como Correo Oficial y la recientemente creada Aguas y Saneamiento Argentino (AYSA), quedarán comprendidas bajo esta Ley si se aprobara?

Este proyecto ha surgido como un desprendimiento regional del Pacto Global que ha tenido buena repercusión en Argentina y que, increíblemente, no existe mención de él en ninguna línea del proyecto de Ley de los senadores Capitanich y Leguizamón.
Por su parte, la ONG Poder Ciudadano, tiene prevista una charla abierta con los dos senadores para el próximo mes de abril con el fin de acercar, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) algunas ideas para incorporar al proyecto.
Así como el glosario del texto del proyecto fue inspirado en el que dieramos a conocer en este blog en junio de 2004, sería bueno también que se piense en una solución para aquellas empresas que no alcanzarán el mínimo de 300 empleados pero que quieren seguir siendo socialmente responsables.
Una ley sobre la RSE debe ser inclusiva, o sea, que debe propiciar las correctas relaciones humanas, empresarias y estatales.
Proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresaria en ComunicaRSE
Poder Ciudadano y la RSE (contacto: Virginia Lencina)
Fuente - RSE online, 21/03/2006
 

 

    Primera Jornada de RSE en el Congreso de la Nación

Compartimos aquí, el resumen de los tramos de la Jornada, que nos parecieron más relevantes ...

Bajo la consigna "Por una Argentina Socialmente Responsable" se realizó la Primera Jornada de RSE en el salón azul del Congreso de la Nación.  Una convocatoria desde el Estado, con la finalidad de crear un espacio de reflexión e intercambio de ideas y opiniones,  para su legislación.   La Jornada "de trabajo en conjunto de un proyecto parlamentario augura una construcción entre lo público y lo privado, que propone desafíos" tal como dijo en la bienvenida, la Senadora María Laura Leguizamón, autora del Proyecto de Ley RSE, presentado en diciembre último. "Soy esperanzadora, los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de iniciarlo en conjunto. Este encuentro de visiones diferentes nos permitirá arribar a conclusiones, que en Argentina, no han tenido tiempos justos" concluyó la Senadora, en su bienvenida al evento.

Se desarrollaron tres paneles, cada uno con un tópico principal Luego de las exposiciones, el Ministro Carlos Tomada hizo el cierre, tomando habida cuenta de los conceptos vertidos, durante la intensa jornada.
  • el modelo de un empresario socialmente responsable
  • el rol de los actores sociales y
  • la RSE y la competitividad

El primer panel estuvo a cargo del Lic. Bernardo Kosacoff Director de CEPAL y el Ing. José Luis Roses, Vicerrector del ITBA ; fue moderado por la Lic. Marta Novick, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

- El Lic Kosacoff abordó reflexiones conceptuales y de contextos en qué es y significa ser un empresario socialmente responsable.  Refirió que las incertidumbres y riesgos producen un fenómeno de contexto, que genera un empresario captador de rentas. En los últimos veinte años se ha erosionado la visión empresarial y ha aparecido la pregunta ¿Cómo pudieron desarrollar empresas en contextos de incertidumbre?
Subrayó las teorías rectoras del hacer empresario que en los ´70, ponían foco en las ganancias, hasta los ´90, en que apareció la teoría de la Ciudadanía Corporativa, con un desarrollo y gestión sobre las relaciones de partes interesadas.
En torno a la definición, acotó como cuestión básica, que empresario socialmente responsable, es aquel que toma una decisión en el presente, que no afecta al futuro. Pero también que es un concepto que depende de quién lo define. Para aclararlo acotó que el Sector Empresario, hoy lo enmarca dentro de la voluntariedad. La Red Puentes Internacional, dice que es la participación de los trabajadores en asuntos empresarios.  Por otra parte, la Iniciativa RSE no es la única visión. Además de ella se habla de la obtención de licencia social para operar; el fenómeno de competitividad sostenible; el apoyo gubernamental y creación de capital político; la cooperación de comunidades locales.
En sus consideraciones finales dijo que la mayoría de los modelos existentes, han surgido en países desarrollados; por lo que se hace necesario atender la idiosincrasia y especificidad del entorno local. El Sector Privado no ha mostrado un liderazgo fuerte y es imprescindible superar las falsas dicotomías entre los objetivos económicos y los objetivos individuales.
- El Ing. Roses, trató dos cuestiones complementarias. Por qué decide un empresario ser socialmente responsable y Cómo puede serlo.  Precisó que su experiencia era, con empresarios de contacto directo, aunque respondieran al encuadre de sociedades anónimas o corporaciones. 
En primer término, amplió la viabilidad de responsabilidad sobre la visión de Drucker: conocer y entender el entorno, clarificar la misión e identificar y desarrollar las competencias centrales.
La particularidad del primer punto, tiene que ver con entender el entorno de la globalización, visualizar el movimiento RSE enmarcado en las preliminares de un capitalismo social. 
El segundo, implica una primera tarea de ocuparse en lograr ganancias, porque es legítimo, ahí está el primer compromiso con la RSE.  No obstante el flujo económico de rentabilidad presenta controversias de dos tipos: públicas, cuánto es la ganancia física y dónde se destina (educación, salud, seguridad, etc.); éste es el marco real del estado, resolverlos es condición necesaria.  Para ello debe haber un estado fuerte, representado en un ejercicio efectivo y legitimidad de una Responsabilidad Civil responsable de control.  La segunda tarea de la misión, requiere clarificar si la vuelca al interior a la empresa, con acumulación de ganancias a corto plazo, que se configura en una visión "lago" o al interés de perpetuarse en la visión "ríos".
 
En referencia a la identificación y desarrollo de las competencias centrales, amplió tres factores.  En primer lugar dijo ver cierta forma de insensatez, la mayoría de las cien empresas más importantes, están comprometiendo los recursos naturales, cómo hacen para ser creíbles en el plano de la RSE.  El segundo factor es lo que se genera "en los empleados", cómo corregir la manipulación, amiguismos, preferencias o compromisos profesionales, etc.  Esto nos lleva al tercer factor de las competencias centrales, involucradas en una capacidad dirigencial por parte de ¿administradores o líderes?.  Evoco, dijo, a un curso vocacional de ser dirigentes; no hay ejemplos para imitar, la RSE nos pone a prueba.
Como conclusión, expuso que el capitalismo ha generado grandes fortunas y también grandes desigualdades. La RSE nos señala un camino posible, es una responsabilidad equilibradora.  Significa una promoción de incentivos, el mundo y la sociedades requieren además de certificaciones de calidad, respeto a los derechos fundamentales de una certificación social.
- Como síntesis, la Lic. Marta Novick, refirió que la RSE requiere un pensamiento estratégico de todos los componentes de la sociedad.  Que está  relacionado a la sustentabilidad, económica y a la sustentabilidad social.  Globalización, sustentabilidad y cuidado de recursos naturales, de recursos humanos y competitividad.

En el segundo panel expusieron el Ing. Marcelo Paladino, Director del IAE; el Prof. Alberto Croce, Fundador y Presidente de Fundación SES Argentina y el Dr. Guillermo Canova, Dir. del Foro del Sector Social.

- El Ing. Paladino ofreció su persepctiva desde la relación de las empresas con los líderes sociales. Para esclarecer el rol de éstos, como actores más trascendentes en toda sociedad, enunció tres cuestiones: por qué es importante esta relación, descubrir para qué es relevante; de qué manera los líderes sociales deberían incluirse en la RSE y por qué son agentes clave del desarrollo de RSEInició su conferencia, mencionando tres riesgos.  El ideológico: háganlo porque primero no hace daño y además puede darles más dinero.  Citó la falta de coherencia, como segundo; por un lado está la integridad de los individuos y la corporativa: si no tienen qué decir, no lo digan - si dice, diga lo necesario; finalmente, dijo que el marketing social, es una nefasta fuente de descrédito, si la RSE depende del área de Comunicaciones. Asignó como tercer riesgo, al aislamiento de la empresa respecto de la comunidad; es clave la intención real por lo que se instala la RSE, si se hace por imagen, se producirá aislamiento, pero además aunque haya buenas intenciones, el riesgo está latente si se sigue poniendo foco en el mercado, no en la sociedad.
Respecto a los líderes sociales, refirió que ellos dan a la empresa la información precisa (no la que cree tener la empresa); dan capacidad de diálogo, instalan a la sociedad un recurso central "la capacidad de cooperar"; además, facilitan la sustentabilidad del proyecto en marcha, porque la empresa puede retirarse, pero el líder continúa, en la comunidad.
Anticipó la presentación de una investigación sobre actividades sociales, para el fin de año próximo.  Adelantó tres datos: 100% de estos líderes dijo que la calidad de su trabajo depende de la calidad de relación con las empresas, 100% reconoce que su tarea, mejora con esta relación y que sólo el 30% cree en el estado.
En sus conclusiones dijo - hay más por hacer, que lo que está definido, los antecedentes vienen del hemisferio norte y eso nos aleja de lo local.  Es preciso generar nuevos dirigentes sociales, no pensar en megaproyectos, sino en aquellos que puedan ser dirigidos, personalizados, que compartan el nuevo ideal de sociedad en el bien común.
- El Prof. Croce abordó si es exigible o no la RSE y si puede o no tener una ley que la regule.
Propuso enfocar una foto de hoy y contraponerla con una de diez años adelante (qué queremos, qué deseamos, qué merecemos).  Resumió - es difícil la segunda opción con empresas que no sean socialmente responsables.  En esta línea es que la exigibilidad, tiene indicadores ya presentes.  Lo vemos en distintos sectores, citó como ejemplo inmediato a Gualeguaychú, otras ONGs, la sociedad civil está expresando exigencias.  También desde las empresas hay exigencias a otras empresas, clientes que operan con estándares, balance social, normas RSE y exigen estas homologaciones, para comprarles. 
Esto sugiere que va a incrementarse, que nada tiene que ver con el discurso o con el marketing.
En sus aspectos más densos - dijo - la RSE ya está legislada: el sentido común marca normas en la práctica, quizás la dificultad está en las acciones. El criterio es legislar sobre lo básico y sugerir lo óptimo, como direccionamiento que no pueden exigirse.  Pensar en la sustentabilidad económica en términos de sustentabilidad social. Para finalizar, compartió su deseo - que el aprendizaje de estos pocos años, nos sirva para decidir hacia dónde no queremos ir (si encerrarse en country, blindar autos, etc. es una solución)
- El Dr. Canova remarcó su exposición en la Legislación de la Responsabilidad Social, Empresaria y Estatal, acotándolos como tres ámbitos diferentes, aunque complementarios.
Mencionó en el inicio, que no corresponde obligar, porque ello, podría desalentar la adopción de RSE.  Propuso alternativas de cómo fomentarla por ley: facilitar e incentivar la colaboración de empresas con ONGs; incentivar las donaciones, cotejando que hoy se deduce el 5% de ganancia neta del ejercicio (art. 81 de impuestos a las ganancias) y en otros países se deduce hasta el 20%. 
Refirió que es importante ampliar el universo de entidades que pueden recibir donaciones, deducibles de impuestos, facilitar la formalización de ONGs y agilizar los trámites de exención de impuestos a las ganancias, eliminar las prohibiciones de usar ganancias de ONGs en usos externos, aligerar las cargas fiscales de las ONGs (cargas sociales), profundizar que estas propuestas no son "costo fiscal" sino "inversión" que aumente la RSE
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El moderador concluyó el panel señalando que iba a subrayar ideas, sobre lo expuesto; éste es un tema abierto que hay que contextualizar, herramientas para saber escuchar, hablar, instrumentar liderazgos. Se habló de  exigencias sociales de una sociedad fracturada que nos pide "darnos cuenta" de lo que "nos debemos".  Se amplió la visión de liderazgos para instaurar una cultura que no se decreta; de vínculos de exigencias mutuas con normas en puntos específicos de exigencia tácita; de un rol, más de promoción de articulaciones con la Sociedad civil, que hay que seguir fortaleciendo.

El tercer y último panel giró en torno a la RSE y la competitividad; la conquista de nuevos mercados.  Participaron el Sr. Víctor Klima, Vicepresidente de AEA y Pte. De Volkswagen Argentina S.A., el Sr. Arturo Acevedo, Pte. Del CEADS y Pte. De Acindar S.A.  Fue moderado por la Dra. Nidya Neer, Coordinadora RSE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  En la apertura refirió que están trabajando, desde febrero, con 50 empresas, en la calidad de empleo decente y que ello marca una incidencia de RSE en la competitividad de las empresas.
- El Sr. Acevedo se centró en tres definiciones precisas.  La RSE contribuye al desarrollo sustentable de una empresa y de la sociedad, poniendo en claro la ventaja de ser socialmente responsable y asociado a esto siempre hay una ventaja competitiva. Las acciones, de hecho no son fundaciones, ni deben reemplazar al gobierno en el bienestar público.  El segundo concepto, es que el sistema de RSE implica sistematización de responsabilidades, es un sistema interconectado: de la fuerza que tienen los consumidores, los medios, los trabajadores.  El tercero es que "debe ser voluntaria"; requiere despejar la zona gris, compleja, donde compatibilizar la ética, beneficiosa para la empresa también.
Cumplir las normas legales, es una obligación, no cumplirlas es un ilícito. La ley puede sofocar la creatividad, la escucha de la RSE.  Desde el punto de vista del GRI, de las ISO hay una firme tendencia a generar normas ilustrativas, orientativas.  Lo importante es mantenerse en actividad, generan un buen clima de trabajo, superando las exigencias de las leyes, establecer relaciones de largo plazo con proveedores, contratistas, etc.  En la realidad existe una gran confusión de qué es RSE, este tipo de evento ayuda a aportar claridad, yo no apuraría la imposición de la ley, vería qué pasa en el mundo, con una observación y adaptación al contexto local.
- El Sr. KLIMA luego de una breve referencia a la mejora de la situación social del país, refirió como mayor necesidad, la creación de empleo.  Enunció como primera tesis que la RSE es algo más que cumplir con las leyes, que comienza en la propia empresa, poniendo en orden necesidades de su propia gente, con remuneraciones de acuerdo a desempeño, capacitación y formación constante.  Expuso una síntesis de cómo está implementándose en su propia empresa: cumpliendo con la carta social que regula las condiciones laborales, firmamos el Pacto Global; la RSE se reporta al Presidente, no al área de Marketing, el reporte se da a conocer a todos los colaboradores, haremos una evaluación a fin de año, la educación está en el centro de las políticas de la empresa.  También opinó - la RSE tiene que involucrarse con sus colaboradores.  Donar y dejar a su libre criterio cómo lo usa, está bien, pero prefiero las que están direccionadas a mi empresa, eso es sustentable, claro que necesita profesionalismo y decisiones estratégicas; con frecuencia se trata de coordinar y potenciar la participación en proyectos comunitarios.
Remarcó que el proyecto general de la empresa, no dependa de una persona, sino de todos. El dinero es importante, pero la RSE fortalece la competitividad de la empresa con capacitación y motivación. Una RSE se vive todos los días, ayudar a conservarla en la empresa, además de brindar más oportunidades en el mercado por buenos productos, contribuye también a producir buenos ciudadanos.
Para concluir dijo estar convencido de que no hay recetas ideales, pero sí sabe que existen políticas y economías que ayudan.  Y consignó su esperanza en que, si hay un Premio Nacional a la Excelencia de Calidad, cuándo podremos contar con el Premio Nacional a la RSE.

Como cierre de la Jornada, el Ministro Carlos Tomada destacó la franqueza del espacio "en todas las exposiciones se dijeron cosas (significativas), en un ámbito poco frecuente, donde hubo encuentro de ONGs, legisladores, empresarios, ciudadanos.  Dijo - veo fortaleza, además de bueno, es necesario que avancemos en el crecimiento con equidad social.  Es indispensable reconstruir una sociedad cohesionada, considerar al trabajo y a la educación como principales elementos de construcción social. Hoy es un buen momento para ello, por eso estamos consolidando una etapa de planes sociales replanteados en una capacitación para el empleo; se ha bajado la desocupación ... falta mucho todavía.  Hay que seguir profundizando en esta línea, porque no cualquier empleo es generador de cohesión social.  Estamos preocupados por la cantidad de empleo, pero también por la calidad de ocupación.
Sobre cuál es el sentido de la RSE mencionó - creo que debe colocarse en un país y en un contexto.  En Argentina empieza en el cumplimiento de la norma, yo quisiera que fuera dentro de los conceptos que se mencionaron aquí, más allá del cumplimiento de ella:  Estoy seguro que el 100% de las empresas dirá que en el interior, son socialmente responsables (sueldos, seguridad, capacitación) pero además hay que extenderla a la cadena de valor.  Si creemos que la RSE es la generación de trabajo digno, también hay que concebir que va más allá de la norma.  Y nos preguntamos cómo va a aportar al Desarrollo Sostenible, qué hacemos para favorecer la inserción laboral, cómo una dinámica más preactiva.  Qué hacemos para ayudar que se entienda la importancia del trabajo formal.  Qué hacemos para mejorar la calida de vida.  Y nos preguntamos en plural, porque se trata de trabajar estado y empresas.  Un estado que promueve valores, integridad, compromisos compartidos, por eso estamos trabajando con líderes empresarios.  Queremos seguir alimentando este espacio, destacar los esfuerzos en esta línea de trabajo.
Hemos constituido cuatro mesas y estamos sorprendidos gratamente.  En ellas se están ocupando de la inserción laboral, de la promoción de buenas prácticas, del diálogo, de la no discriminación, del trabajo infantil; queremos abrir las puertas a más empresas, deseamos transmitir lo que pasa en la sociedad.  Y para terminar dijo haber tomado la posta del Premio Nacional a la RSE.

Al final de la jornada se sirvió un break, para facilitar las relaciones y comentarios entre los participantes.
Fuente: CódigoR, Buenos Aires, 13 de Julio de 2006


 

 

      El debate sobre la iniciativa parlamentaria, Carolina Keve

¿Marco legal para la Responsabilidad Social Empresaria?
Un proyecto de ley plantea la necesidad de exigir desde el Estado que las empresas publiquen un balance de sus acciones sociales. La mayoría de las compañías se opone porque considera que este tipo de iniciativas deben ser promovidas antes que reguladas. La discusión entre los protagonistas.

Desde hace ya varios años, un número cada vez más grande de empresas viene incorporando programas de Responsabilidad Social Empresaria dentro de sus políticas de gestión. Esta tendencia, sumada a la presentación de cinco proyectos de ley en el Congreso y al surgimiento de organizaciones dedicadas específicamente al tema, hablan de un fenómeno que parece no tener marcha atrás.
Sin embargo, el camino que todavía queda por recorrer es largo. Si bien las iniciativas parlamentarias dan cuenta de cierta voluntad política para avanzar en este campo, la mayoría de los proyectos terminó archivado por falta de consenso y por la resistencia de un empresariado que no acuerda con la idea de que la RSE sea reglamentada. Los argumentos: que la responsabilidad es una cuestión social y no legal, y que –por ende– más que regularse debe incentivarse.
A esto se agrega la confusión que parece girar en torno de estas tres palabras, que décadas atrás parecían incompatibles y a las que hoy se les exige más que lo que pueden dar.
De acuerdo con la definición dada por el Instituto Ethos de Brasil y el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria de Argentina, se trata de promover “una gestión definida por la relación ética y transparente donde las metas de la empresa sean compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad”, algo que abarca desde la promoción cultural hasta la preservación de los recursos naturales y que exige, por lo tanto, una discusión seria que permita una concientización sobre sus alcances. En un intento por avanzar en esta dirección, Tercer Sector dialogó con todos los actores que involucra el tema y reflexionó sobre lo que algunos incluso se atreven a prologar como “una nueva construcción social”.

¿Obligación o compromiso?
Seguramente cuando la senadora justicialista María Laura Leguizamón elaboró el proyecto de ley sobre Responsabilidad Social Empresaria no pensó que iba a tener que atender tanto el teléfono. En realidad, la iniciativa recoge una propuesta elaborada por el senador Ricardo Gómez Diez en 2004, donde se planteó la necesidad de que las empresas comenzaran a publicar un Balance de Responsabilidades Comunitarias para dar cuenta de las políticas sociales y medioambientales que venían llevando a cabo. La novedad del proyecto de Leguizamón está dada por el carácter obligatorio que le quieren dar a dicho informe –e indirectamente a las acciones de RSE–, a partir de la implementación de una pena para aquellas empresas que no lo presenten.
- Concretamente, la iniciativa, elaborada junto con el también justicialista Jorge Capitanich, detalla la elaboración de un balance social y propone el otorgamiento de un “Certificado de Empresas Socialmente Responsables” por parte de la Secretaría de Ambiente, que actualmente está trabajando sobre el tema (ver aparte). Ahora bien, la primera pregunta que surge es hasta qué punto la obligatoriedad impuesta por una norma sirve para promover estas actividades y bajo qué parámetros se pueden evaluar este tipo de políticas.
- Justamente el principal planteo realizado por el empresariado es que las acciones de Responsabilidad Social son voluntarias. Así lo expresó la mayoría de las empresas consultadas por Tercer Sector, entre ellas Telecom, cuyo gerente de Relaciones Externas, Raúl Sabio, sintetizó: “Consideramos que el fuerte compromiso social fue alcanzado en forma voluntaria y que la responsabilidad social es obligación de todos, no solamente de las empresas”. Es más, para Sebastián Bigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, hasta el nombre mismo así lo prescribe. “Nosotros entendemos la RSE como un conjunto de actividades voluntarias, algo que las empresas deciden hacer para generar un beneficio a la sociedad. Por eso se habla de responsabilidad social y no legal. Es decir, se tratan de temas que no se regulan, se fomentan”, apuntó Bigorito, cuya institución actualmente nuclea a unas cuarenta empresas que adhieren a los principios mundiales de “Desarrollo Sostenible”, algo así como el nuevo paradigma empresario basado en un crecimiento productivo equitativo.
- Por supuesto que estos argumentos llegaron a los oídos de Leguizamón, quien, sin embargo, parece no querer dar marcha atrás con la iniciativa. En diálogo con Tercer Sector, la senadora remarcó que su intención es avanzar en la construcción de un marco legal que sirva como apuntalador y estimule este tipo de acciones: “Muchos creen que no hace falta. Nosotros venimos escuchando a los distintos sectores y recibimos críticas, lo cual es bueno porque promueve el debate y nos permite tener una mirada integradora. Pero nuestra postura es que sí resulta necesario generar una base legal que oriente y marque el camino del desarrollo de la RSE en nuestro país”.

Dar el ejemplo
Una de las cuestiones que se desprende del debate es la discusión acerca del rol que debe asumir el Estado. Si bien las empresas expresan sus reparos ante la posibilidad de que la RSE sea reglamentada, apoyan la idea de que la dirigencia política comience a tener una posición más activa en el tema ya que, en general, todas advierten la ausencia de políticas públicas dedicadas a promover las acciones sociales dentro del sector.
- “Nosotros comenzamos a incorporar este tipo de políticas por propia iniciativa. Fundamentalmente se aprende de la experiencia de otras empresas, proveedores que vienen y aconsejan qué pasos seguir. Hoy no existe un programa que oficialmente diga cómo hacer RSE. Si uno quiere puede ir a seminarios, participar de charlas. Pero eso es todo”, contó Cristian Caprarulo, director de Recursos Humanos de Ermoplast, una empresa con no más de 120 empleados que desde hace un año decidió volcarse a la responsabilidad social. Su caso es un buen ejemplo de la situación en la que se encuentran la mayoría de las empresas, que ante la ausencia de recursos por parte del Estado terminan improvisando y actuando de acuerdo con lo que cada una entiende por RSE. “No hay una línea de acción bien definida, y mucho menos una iniciativa por parte del Estado por asumir un papel activo en la cuestión. Por empezar, habría que preguntarse hasta qué punto las empresas contratistas del sector público cumplen con algún tipo de Responsabilidad Social Empresaria. No creo que sea algo que al Estado le preocupe mucho. Y si ellos no dan el ejemplo…”, disparó Alan Gegenschatz, gerente general de la empresa de logística TNT Argentina.
- Otra de las cuestiones mencionadas y que vale la pena recordar es la normativa ya vigente, que regula varias de las dimensiones que abarca la RSE. Es más, todos los proyectos presentados hasta el momento en el Congreso plantean la incorporación del concepto de la RSE dentro de la ley Laboral. Al respecto, Bigorito es más que terminante: “Si queremos hablar de reglamentación, debemos recordar que actualmente hay toda una estantería legal que regula el tema. Asimismo, no podemos hacer oídos sordos a la discusión que está implantada internacionalmente desde 1998 y en la que también tienen participación los países en desarrollo como la Argentina. Se trata de un debate que ya va a tener casi diez años y que aún no pudo ser cerrado. ¿Qué sentido tiene entonces ir por nuestro lado?”.
- Por el contrario, según la opinión de Leguizamón, se trata de dar el primer paso: “Eso es lo bueno de este tipo de iniciativas. La RSE es un concepto muy moderno que permanentemente se está discutiendo en el mundo, pero es bueno adoptar una mirada parcial sobre el debate, adaptándolo a nuestra coyuntura. Se trata de hacer un traje a medida, construir una base legal que oriente el desarrollo de estas prácticas de acuerdo con las necesidades que tiene nuestro país”.

El debate puertas adentro
Lo cierto es que si las objeciones planteadas son testimonio del largo camino que queda por recorrer, el panorama dentro del Congreso es todavía menos alentador. Es que, aunque el tema ha logrado prender entre varios legisladores, aún son pocos los que muestran interés para subir un escalón en las discusiones. Hasta el momento, se presentaron cinco proyectos en la Cámara de Senadores. Nunca lograron salir de los despachos.
- Para el senador Gómez Diez, sin embargo, la sanción de una ley que regule la RSE debe ser un tema prioritario. “La realidad económica demuestra que las empresas demandan cada día más la maximización de su rentabilidad. Sin embargo, ello debe lograrse mediante una gestión responsable y socialmente comprometida. Un paso importante en ese sentido es lograr que las empresas presenten un ‘Balance sobre Responsabilidades Comunitarias’, en el que rindan cuenta sobre sus políticas de empleo, detallen las perspectivas para crear puestos de trabajo, analicen las condiciones de salud y seguridad que su empresa ofrece a los empleados e informen sobre cómo su producción impacta en el medio ambiente y qué medidas toman para el uso responsable de los recursos naturales, sobre todo los no renovables”, destacó el legislador de Recrear, autor del primer proyecto sobre “Balances Sociales”.
- Aunque el tema no tuvo letra en Diputados, la discusión se coló en la Cámara baja, donde los proyectos de Gómez Diez y Leguizamón recibieron varias críticas. No es que los legisladores se opongan a su reglamentación, sino que consideran que todavía quedan muchos interrogantes por responder. “El proyecto presenta muchas dudas. Por ejemplo, establece que si la empresa no cumple con la entrega del balance, se deberá imponer una infracción. Pero no define las sanciones pertinentes ni los grados de infracción que puedan generarse ante los incumplimientos. Y sin un efectivo control por parte de la autoridad de aplicación, las empresas continuarán ajustándose a sus intereses y no a las exigencias de un ambiente sustentable”, evaluó la diputada del ARI, Marta Maffei, para quien, además, la iniciativa debería abarcar también a las Pyme. “Con un grupo reducido de empleados, se gestionan empresas de grandes dimensiones y altamente contaminantes como las empresas químicas, mataderos o curtiembres que pueden ser nocivas para el medio ambiente y por lo tanto también deben instrumentarse sobre ellas otros parámetros de control.”
- Con un tono mucho más severo, el diputado Claudio Lozano, del partido Emancipación y Justicia e integrante de la Comisión de Legislación Laboral, considera que el proyecto sólo constituye un atajo frente a la ausencia de políticas públicas que se encarguen de regular la cuestión. “La reglamentación de un balance social lo único que hace es dejar bajo la órbita de las empresas algo que debe ser responsabilidad del Estado. La RSE no debería quedar bajo la decisión de cada empresa. Por el contrario, se trata de establecer un modelo de sociedad que reformula los lazos entre la empresa y la comunidad a partir de la construcción de un nuevo andamiaje institucional. La obligación parte del Estado. Lo que se les debe exigir a las empresas es que cumplan con el aporte impositivo y respeten los derechos laborales, algo que hoy evidentemente no ocurre”.
- Para Federico Pinedo, diputado de Compromiso para el Cambio, que exista una norma que demande a las empresas realizar un balance social “es saludable ya que las obligaría a explicar si y cómo cumplen determinadas normas laborales que exige la ley”. Sin embargo, el legislador del partido que lidera Mauricio Macri, considera que existen cuestiones que no son de carácter obligatorio, “y en ese caso, ¿hasta qué punto se les puede exigir a las empresas que informen sobre ello?”.

Un espejo de dos caras
Más allá de las críticas, no puede negarse que el proyecto de Capitanich y Leguizamón tiene su valor. No sólo porque se trata de la primera iniciativa que en torno de este tema promueve un sector del oficialismo, sino también porque sirvió para abrir un debate que muestra la diversidad de cuestiones que involucra la RSE. Para Roque Grunauer, representante de la Fundación SES, una de las OSC que viene trabajando sobre el tema, el problema es justamente que la iniciativa “abarca solamente una expresión de RSE y está lejos de lo que el concepto verdaderamente implica, es decir, una cultura, un nuevo modo del gestionar empresario”. Al respecto, Virginia Lencina, de Poder Ciudadano –otra de las organizaciones que investiga sobre el desarrollo de la RSE en el país–, coincide en que “si bien Leguizamón presentó el proyecto como un intento de regular la Responsabilidad Social Empresaria, al leerlo inmediatamente se observa que la intención es regular solamente el balance social”.

En definitiva, ¿qué es la RSE? La pregunta parece sencilla. Sin embargo, la práctica creció tanto en los últimos años que sus límites se han vuelto difusos. Generalmente se la asocia con tareas comunitarias pero abarca desde la relación que mantiene la empresa con sus proveedores hasta el cuidado del medio ambiente. Y uno de los problemas que observan las OSC dedicadas al tema es que la mayoría de las empresas se contentan con la adopción de algún programa de acción social, sin contemplar el resto de las dimensiones que incluye el concepto.

Un buen ejemplo es lo que pasa con los empleados en muchas de las empresas que tienen programas comunitarios. “En el mundo del trabajo, la RSE todavía es un tema marginal. No se puede hablar de Responsabilidad Social cuando una empresa que asume ciertos compromisos en la protección del medio ambiente no les deja a sus empleados tener representación sindical. La RSE también se trata de democratizar el ámbito laboral”, evalúa Pedro Wasiejko, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, central que junto con la CGT se integró a una Plataforma de Organizaciones para trabajar sobre el tema. En julio, ambas fueron convocadas por Leguizamón y Capitanich para debatir sobre el proyecto. Al respecto, Wasiejko concluye: “Se trata de un paso importante para asegurar el compromiso de las empresas. En este sentido, hay que acentuar el carácter punible que se intenta imponer a la implementación de políticas sociales empresarias. Éste sería un cambio importante. Hoy, las empresas elaboran balances pero la verdad es que al no enfrentarse con la posibilidad de una infracción, la mayoría no lo hace”.
Fuente: Revista Tercer Sector, Nº 58, 2007

 

   Leguizamón retoma proyecto de Ley sobre Balance Social

La actual diputada y ex senadora oficialista María Laura Leguizamón retomó su iniciativa sobre responsabilidad social y presentó un proyecto para modificar los artículos concernientes al Balance Social comprendido en la ley sobre régimen laboral. El texto del proyecto establece la obligatoriedad de la presentación para las empresas que tengan más de 300 empleados, igual que la reciente ley aprobado en la legislatura porteña. La diferencia entre la ley de la Ciudad y el proyecto nacional radica en que si bien invita al resto de las empresas a la presentación voluntaria del Balance Social, la nación no ofrecería beneficios promocionales como lo hará el gobierno porteño.
La representante de la Ciudad de Buenos Aires señaló que el objeto de la ley es establecer el marco jurídico de la responsabilidad social empresaria y establecer normas de transparencia y control de las empresas con su público de relacionamiento.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sería la autoridad de aplicación y por lo tanto la encargada de determinar los indicadores a ser incluidos en el Balance Social, hasta que esto suceda las empresas podrán tomar como marco de referencia la Guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) G3, los indicadores del Instituto Ethos de Brasil o aquellos que considere adecuados para cubrir los aspectos del mismo.
También establece como obligatorio el Balance Social para aquellas empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.

En todos los casos los documentos deben ser públicos y validados por una auditoría social externa, aquellas que no cumplan con tales requisitos estarán cometiendo una infracción; y las que logren tal certificación tendrán el distintivo de “socialmente responsable”, a la vez que participaran por el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables, creado por la misma ley.

En los fundamentos del proyecto se afirma que el balance social ayudará a disminuir la brecha entre lo que la empresa cree que hace y lo que efectivamente realiza, generando un Balance Social equitativo y socialmente responsable que tendrá que contemplar no solo la perspectiva económica, sino también la laboral, comunitaria, ambiental y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más que de lo que la empresa produce.
El proyecto deberá lograr dictamen en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por el compañero de bancada de la autora, el oficialista Héctor Recalde.
Fuente: ComunicaRSE, Marzo de 2008

 

H.Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY

 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente 0401-D-2008
Trámite Parlamentario 005 (07/03/2008)
Sumario RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA, MODIFICACION A LA LEY 25877 DE REGIMEN LABORAL: SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 25 (REALIZACION DE UN BALANCE SOCIAL PARA LAS EMPRESAS CON MAS DE 300 TRABAJADORES) Y 26 (CARACTER PUBLICO DEL BALANCE).
Firmantes LEGUIZAMON, MARIA LAURA.
Giro a Comisiones LEGISLACION DEL TRABAJO.

El Senado y Cámara de Diputados,...
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Articulo 1. - El objeto de esta ley es establecer el marco jurídico de la responsabilidad social empresaria (RSE) al cual se deben ceñir las empresas que actúan en el país y establecer normas de transparencia y control de las empresas con su público de relacionamiento. Esta ley se debe cumplir en forma obligatoria para las empresas comprendidas en el artículo 2. Para el resto de las empresas su aplicación es voluntaria.
Artículo 2.- Sustituyese el artículo art. 25° de la ley de Régimen Laboral Nº 25877, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 25.- Las empresas que cuenten con más de TRESCIENTOS (300) trabajadores deberán elaborar un balance social. Además deberán contar con un balance social aquellas empresas o grupo de empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
Los balances sociales de las empresas descriptas en este inciso deberán ser validados por una auditoría social externa."
Artículo 3. - Sustituyese el artículo art. 26° de la ley de Régimen Laboral Nº 25.877, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 26.-El balance social de las empresas se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio.
El Balance social contendrá conceptos relacionados con el ejercicio de la actividad de la empresa de aspectos que no son solo de carácter financiero o económico, sino que tiene como objetivo mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente; y la magnitud del mismo.
La autoridad de aplicación determinará los indicadores a ser incluidos en el Balance Social. Las empresas podrán tomar como marco de referencia la Guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) G3 , los indicadores del Instituto Ethos de Brasil o aquellos que considere adecuados para cubrir los aspectos enunciados anteriormente.
Artículo 4.- La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación de lo establecido en la presente ley.
Artículo 5. - Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de la certificación que establece este artículo.
La normalización de la responsabilidad social de las empresas debe considerar como mínimo, la evaluación de los aspectos contemplados por las guías de elaboración de los reportes sociales sin perjuicio de la aplicación integrada de normas destinadas a la certificación de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación acreditada, exige una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad se ha certificado.
Artículo 6.- La certificación de responsabilidad social otorga el derecho a la empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente el distintivo de "Socialmente Responsable" con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la certificación.
Artículo 7.- El incumplimiento por parte de la empresa de la confección del Balance Social, en los casos de que sea legalmente obligatorio, o si se omitiere o falseare información relevante para los grupos de interés, queda tipificado como una infracción.
Artículo 8.- Se crea el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables.
Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


FUNDAMENTOS
Señor presidente:

La Responsabilidad Social Empresaria es un concepto que implica que las empresas - agentes importantísimos de la sociedad moderna - integren preocupaciones de índole social y ambiental en sus operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura de la RSE como parte de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los últimos años, sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los individuos con la preservación del ambiente y la gestión de recursos no renovables de manera de dejar a las próximas generaciones un mundo, al menos, en las mismas condiciones que en las cuales lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en lo referido a lo económico y social, las presiones que sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores, sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la forma de hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia la RSE como medio de contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es parte la empresa.
El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas. De este modo, se pretende abrir un cauce para la discusión de las ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la empresa argentina.
La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de definir objetivos teniendo como visión la sostenibilidad, la cual contempla la generación de riqueza -o rentabilidad del negocio- y al mismo tiempo remarcando los valores de equilibrio ambiental y equidad social. Este enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo a través de mejorar el relacionamiento tanto con el público interno como el externo, los cuales incluye los empleados accionistas, consumidores, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.
Esta ley espera ser el puntapié inicial para el desarrollo de una cultura empresaria basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización. Una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en este sentido, es mediante la publicación del Balance Social, herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los aspectos no solo económicos, sino también ambientales y sociales.
No son muchas las empresas que actualmente realizan balances sociales y menos las que lo hacen público. El balance social ayudará a disminuir la brecha entre lo que la empresa cree que hace y lo que efectivamente realiza. Un Balance Social equitativo y socialmente responsable tendrá que contemplar no solo la perspectiva económica, sino también la laboral, comunitaria, ambiental y corporativa, para ofrecer a los grupos de interés una herramienta que manifieste lo que la empresa hace, más que de lo que la empresa produce. Estas dos visiones, la económico-financiera destinada a los accionistas, y la social-ambiental-comunitaria, destinada a una variada gama de grupos relacionados con la compañía, son complementarias e indispensables para generar valor para la empresa y la sociedad en su conjunto. Para dar validez a este Balance Social es una buena práctica que el mismo sea auditado por un ente público o privado.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad social empresaria es un concepto esencial al momento de hacer negocios, en Argentina tenemos un largo camino que recorrer para hacer de esto la regla, y no la excepción. Es nuestro objetivo empezar con esta ley a desandar este camino.

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H.Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY
 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente 0399-D-2008
Trámite Parlamentario 005 (07/03/2008)
Sumario - PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES AUDITIVAS, REMOCION DE BARRERAS COMUNICACIONALES.
Firmantes LEGUIZAMON, MARIA LAURA.
Giro a Comisiones DISCAPACIDAD.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Articulo 1°: La presente ley tiene por objeto remover las barreras comunicacionales de las personas con necesidades especiales auditivas, en pos de lograr la igualdad real de oportunidades y de trato en todas las esferas de la sociedad.
Artículo 2°: Se reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como la lengua natural de las personas sordas e hipoacúsicas, en todo el Territorio Nacional.
Articulo 3°: El Estado debe garantizar a las personas sordas e hipoacúsicas la expresión cultural y el pleno acceso a la educación, a la información y a la comunicación.
Articulo 4°: Los establecimientos y dependencias del Estado Nacional deberán contar con intérpretes de Lengua de Señas Argentina, así como señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas o hipoacúsicas.
Articulo 5°: El Estado Nacional velará porque los sistemas de servicios públicos y de datos informatizados sean accesibles a las personas sordas e hipoacúsicas y promoverá y apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Argentina.
Articulo 6°: Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a las disposiciones de esta Ley.
Articulo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En la actualidad la Comunidad Sorda Argentina comprende a más de 3.000.000 de personas con dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los sordos constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el lenguaje de señas es su lengua natural que, al reunir las características y cumplir las funciones propias de cualquier otra lengua, debe ser valorada y utilizada como instrumento válido para su comunicación y educación.
La educación bilingüe y bicultural derivadas de la concepción socio antropológica de la sordera y de la persona sorda, han venido planteando un conjunto de acciones que conducen a valorar en toda su amplitud la necesidad de las dos lenguas: la lengua de señas y la lengua hablada y escrita por la comunidad oyente. Ello, para que lograr una verdadera igualdad de oportunidades, para interactuar tanto con sus iguales sordos, como con otros miembros de la comunidad mayoritaria.
El desarrollo lingüístico del sordo es posible únicamente a través de su lengua natural, retomando la importancia de la interacción del sujeto con su entorno, para la construcción del mundo y de los conocimientos académicos.
En este orden de ideas los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad.
Las personas con necesidades especiales auditivas, sordos e hipoacusicos, deben poder ejercer los derechos civiles y políticos en un pie de igualdad con los demás ciudadanos.
Para ello, la Ley que se propone tiende a remover las barreras comunicacionales reconociendo la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lengua natural de las personas sordas e hipoacúsicas, permitiéndoles la expresión cultural y el pleno acceso a la educación, a la información y a la comunicación.
A su vez implementa el servicio de intérpretes de Lengua de Señas Argentina, en la atención a la persona sorda e hipoacúsica, en sus establecimientos y organismos nacionales.
Convencida que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.

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H.Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY
 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente 0398-D-2008
Trámite Parlamentario 005 (07/03/2008)
Sumario CONTRATO DE TRABAJO, LEY 20744: SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 17 Y 81 (PROHIBICION DE CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS).
Firmantes LEGUIZAMON, MARIA LAURA.
Giro a Comisiones LEGISLACION DEL TRABAJO.

El Senado y Cámara de Diputados

Artículo 1°.- Sustitúyase el articulo 17 de la Ley de contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente texto:
"Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación, distinción, exclusión o preferencia entre los trabajadores por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, religión, estado civil, opinión política o gremial, enfermedad o caracteres físicos y/o psíquicos, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o solicitar judicialmente la nulidad del acto discriminatorio con mas la reparación integral del daño material y moral ocasionados. En este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, pudiendo el afectado solicitar cautelarmente el cese inmediato de la conducta, y la aplicación de las sanciones conminatorias del articulo 666 bis del Código Civil.
En caso de extinción del vinculo laboral por causa de discriminación, la acción podrá sustanciarse por el procedimiento ordinario o sumarísimo, a opción del afectado, quedando facultado el trabajador para requerir la reparación integral del daño material y moral derivada del Código Civil. Esta indemnización se acumulará a las demás indemnizaciones previstas en el régimen laboral, no pudiendo en ningún caso, ser inferior al importe resultante del calculo de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 245 de esta Ley.
Articulo 2°.- Sustitúyase el articulo 81 de la Ley de contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente texto:
"Igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan conductas discriminatorias prohibidas en el art. 17, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador."
Articulo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:

El Proyecto de Ley que hoy someto a consideración del Honorable Senado de la Nación pretende prevenir y castigar las conductas discriminatorias en el ámbito laboral, conductas que son socialmente no deseables y reprochables y por lo tanto no pueden ser utilizadas para anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
En el campo de las relaciones laborales la igualdad de trato es un principio desarrollado en íntima relación con el principio de buena fe, que obliga a las partes a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.
Las consecuencias y el perjuicio causado a los trabajadores por el despliegue de conductas discriminatorias por parte de los empleadores, deben repararse en forma integral, ya que estamos ante un acto prohibido por la Constitución Nacional y por lo tanto nulo por aplicación del art. 1044 del Código Civil, y al ser ilícito, sus efectos deben ser reparados (art. 1056 del mismo Código), ordenando el juez reponer las cosas a su estado anterior al del acto lesivo.
Si el daño ocasionado por el acto discriminatorio conlleva una connotación de perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, debe ser reparado con una indemnización económica, sin perjuicio de las sanciones extraeconómicas que también correspondan.
En este orden de ideas, el Proyecto de Ley define la conducta discriminatoria y prohíbe expresamente "cualquier tipo de discriminación, distinción, exclusión o preferencia entre los trabajadores por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad, religión, estado civil, opinión política o gremial, enfermedad o discapacidad física o mental, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación".
Considerando que el principio de no discriminación constituye un principio laboral de orden público, se propone una nueva redacción para el artículo 17 de la L.C.T, que incluya la definición de la conducta prohibida y la facultad que le asiste al trabajador afectado para solicitar la nulidad y el cese de dicha conducta así como la reparación integral e inmediata de los daños ocasionados, de acuerdo a lo que prudencialmente establezcan los jueces.
Asimismo se establece una indemnización económica mínima para el supuesto de extinción del contrato de trabajo por causa de discriminación, ello con el fin de disuadir este tipo de conducta ilícitas, teniendo en cuenta que no estamos ante una facultad del empleador pues el despido en estos casos no es funcional (no obedece a un mejor funcionamiento de la unidad productiva) sino que deriva de un abuso de poder del empleador, originado en motivos discriminatorios.
Destaco que las indemnizaciones prevista en el régimen legal por despido y preaviso, tienen un sentido compensatorio y no punitivo, porque la causa del despido (la organización de la empresa), hace que el acto mismo no sea reprochable. Ello no sucede en el despido discriminatorio, en el cual debe procurarse el resarcimiento integral del daño causado al trabajador y la fijación de una base mínima para la indemnización económica sólo pretende disuadir estas conductas, que deben ser bloqueadas.
Estoy convencida que este Proyecto previene y sanciona las conductas motivadas por razones discriminatorias, conductas que implican una clara violación a los derechos humanos de la persona afectada y la introducción de comportamientos autoritarios en el seno de la empresa.
La pretensión no es encuadrarse en un "modelo indemnizatorio" que permita al empleador infractor compensar económicamente a un trabajador cada vez que se violan sus derechos humanos. La norma es de carácter sancionatorio, quedando a elección del trabajador seguir la vía más apropiada para resguardar sus derechos, ya sea iniciando la acción para el cese de la conducta discriminatoria o dar por extinguido el vinculo con la reparación económica y moral que corresponda, de acuerdo al daño sufrido.
Muchos antecedentes han sido considerados en la formulación de este proyecto, El Convenio 111 OIT alude que "La discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos"
En el mismo sentido la Ley Argentina Nº 23.592 (Ley Antidiscriminatoria) considera la discriminación como un menoscabo del "pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional."
La discriminación deriva del principio de igualdad (art. 16 Constitución Nacional), es la base de las "sociedades" democráticas y la garantía de igualdad de oportunidades para todos.
Para muchos es posible "arrancar" la noción moderna de discriminación, a partir del art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): La discriminación es conducta ilícita que se alza contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que también viola un principio del derecho del trabajo, como es el principio de igualdad de trato y no discriminación.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica, 1969) establece una norma casi idéntica: "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
En Argentina, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorpora las normas arriba citadas con rango constitucional, y algunas otras referidas a aspectos específicos de discriminación como la racial y la de la mujer.
A nivel mundial, en materia de discriminación laboral, en 1958 se adopta el Convenio-OIT 111 sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, al que Argentina adhirió en 1968, y que define la discriminación como "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación".
Con posterioridad se incluyó a "la edad" como motivo de discriminación (Acta de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 - ADEA), a las "discapacidades físicas o mentales" (Acta de Americanos con Dishabilidades) y que actualmente existe también un cuerpo creciente de normas prohibiendo la discriminación por motivos de orientación sexual.
También constituye un hito, la sanción en los EE.UU., del Acta de Derechos Civiles (1964), como resultado de las grandes movilizaciones negras que han quedado inmortalmente simbolizadas en la figura del Rdo. Martin Luther King, que dedica toda una sección a la discriminación en el empleo, y declara específicamente como ilegal al despido discriminatorio.
La Declaración Sociolaboral del Mercosur, establece el principio de no discriminación indicando que "Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión de raza, origen nacional, color, sexo y orientación sexual, edad, credo y opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes."
El despido discriminatorio, de modo general, no estaba sancionado expresamente en la legislación Argentina, hasta la sanción de la Ley 25.013 de 1998, hoy derogada por Ley 25.877 que en su artículo 11 (texto según Decreto 1111/98) consideraba despido discriminatorio el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. Agregaba que la prueba estará a cargo de quien invoque la causa y que La indemnización prevista por despido se incrementaba en un TREINTA (30%) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo.
A su vez, en el ámbito laboral también se aplican las disposiciones de la Ley Anti-Discriminatoria Nº 23.592 que dice " Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos."
Actualmente en el orden laboral existen algunas normas específicas contra el despido discriminatorio, como la prohibición de despido por causa de maternidad o matrimonio (Ley de Contrato de Trabajo, arts. 178 y 180/182), la tutela contra el despido por motivos sindicales o políticos (Ley 23.551, art. 52), pero resulta necesario incorporar una norma completa y autónoma que prevenga y sancione conductas discriminatorias por parte del empleador, a fin de proteger los mas elementales derechos humanos de las personas en relación a la protección de su fuente de trabajo y la calidad de vida en el empleo.
Convencida que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.