Entendemos que ... en Derechos Humanos, el nuevo paradigma de la sostenibilidad nos pone en perspectivas del Desarrollo Pleno de las Personas alineado a decisiones "aquí y ahora" que tendrán impactos a futuro. Impactos a escala, desde el núcleo familiar, a la comunidad, al país, al planeta ... En ese espacio reunimos algunos de los recursos generados con estos objetivos, desde 2013 ...

     

 

 

Margo Ruggie - El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha aprobado un nuevo conjunto de principios guía para los Derechos Humanos y las Empresas* diseñado para ofrecer por primera vez en un estándar global que permita prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Estos principios rectores dan a las empresas un modelo, como marco común de implementación integral; constituyen puntos de referencia para que los Grupos de Interés puedan evaluar sus propios desempeños y los de su Cadena de Valor. Anticipan un nuevo enfoque en las políticas de contratación de los Recursos Humanos y abren nuevas perspectivas en el Liderazgo, la Legitimidad y el alcance de la licencia para operar. más

Derechos del Niño y Principios Empresarios
RSE - Todas las Empresas Deben
-desde la página 40 -
1. Cumplir con su responsabilidad de respetar y promover los derechos del niño
2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades empresariales y relaciones comerciales
3. Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores
4. Asegurar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades e instalaciones empresariales
5. Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través de ellos se promueven los derechos del niño
6. Utilizar marketing y publicidad que respeten y apoyen los derechos del niño
7. Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad
8. Respetar y promover los derechos del niño en relación con el ambiente, la adquisición y el uso de tierras
9. Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia
10. Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y satisfacer los derechos del niño.
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desde la imagen: Introducción y acceso al documento completo-

Orientaciones Prácticas para la Debida Diligencia Empresarial
Poniendo un foco especial en la debida diligencia, Sustentia Innovación Social publicó un documento para acompañar específicamente a la empresa en la comprensión de las implicaciones que representan los Principios Rectores de ONU sobre empresa y derechos humanos. Su enfoque es eminentemente práctico y se centrado en la presentación de algunas soluciones enfocadas a la integración de los Principios Rectores en los procesos de gestión de una empresa ... A  través de preguntas, se aportan orientaciones sobre qué tipo de medidas debe tomar la empresa, de manera que pueda servir a los gestores para hacer una primera evaluación del grado de cumplimiento individual, y de los retos que su empresa tiene por delante. feb/2015 -info desde la imagen-

Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos:
Papel de los Estados.
Marco normativo emergente, a partir de normas internacionales y prácticas nacionales de los Estados. Define la naturaleza y alcance de la responsabilidad de las empresas en el ejercicio de la diligencia debida en los derechos humanos y los procesos que las empresas deben seguir para identificar, prevenir y remediar las consecuencias negativas de sus operaciones

 
  

Nuestras líneas de acción:     en RSE

      En RAENAS
Adultos mayores -video- 

Los Principios Ruggie 

En una medida sin precedentes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha aprobado un nuevo conjunto de principios guía para los Derechos Humanos y las Empresas* diseñado para ofrecer por primera vez en un estándar global para prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial.
"El Consejo establece los principios guía como punto de referencia de autoridad global para empresas y derechos humanos", dijo John Ruggie, Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos y las Empresas. "Asimismo, proveerán a la sociedad civil, inversionistas y a otros, los instrumentos que midan el progreso real en la vida cotidiana de la gente."
Los Principios guía son el producto de seis años de investigación dirigido por el profesor Ruggie, la Universidad de Harvard, gobiernos, empresas, asociaciones empresariales, la sociedad civil, personas y grupos afectados, inversionistas y otros actores de diferentes partes del mundo. Se basan en 47 consultas y visitas de campo en más de 20 países, una consulta en línea que atrajo a miles de visitantes de 120 países, y una voluminosa investigación y presentaciones de expertos de todo el mundo.

Las nuevas normas describen cómo los Estados y las empresas deben poner en práctica las nuevas normas de "proteger, respetar y remediar" con el fin de mejorar la gestión de negocios y los problemas de derechos humanos.
Bajo el deber estatal de proteger, los principios guía recomiendan, cómo los gobiernos deben ofrecer una mayor claridad a las expectativas y a la consistencia de la normas para las empresas en materia de derechos humanos. La responsabilidad corporativa de respeto a los principios, proporciona una guía a las empresas sobre como conocer y demostrar su respeto por los derechos humanos. Los principios de acceso a remedios se centran en asegurar que cuando las personas son afectadas por las actividades de negocios, exista una adecuada rendición de cuentas y recursos eficaces, judiciales y no judiciales.
Al dar su aprobación, el Consejo de Derechos Humanos elogió el Profesor Ruggie por el desarrollo de el marco "Proteger, Respetar y Remediar" de la ONU, y reconoció el papel de los principios guía en proveer recomendaciones comprensivas para su implementación.

Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"

Principios generales - Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de:
a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales;
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos;
c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.
Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible.
En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establezcan nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya asumido, o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos.
Estos Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres. El informe completo aquí     
Fuente: Biblioteca Virtual ONU

 


RAENAS y la RSE

Desde Código R, instrumentamos iniciativas que propicien la Responsabilidad Social más eficiente a largo plazo, articulando el contexto específico de RAENAS y la aplicación operativa de estos principios con dos planteos a consensuar: el nuevo alcance en las áreas de Recursos Humanos y las reformulaciones en las propuestas alternativas de Liderazgo.
El criterio de articulación prevista es promover la inclusión del -ENAS- alineada a la difusión de la Guía -en 2014- como nueva herramienta con valores afines. Y en particular, se abordarán propuestas que permitan consensuar opiniones y la toma de decisiones en marco de las contribuciones a la sociedad; entre las diversos planteos anticipamos:

  • Público Interno e Infancia “de qué manera las empresas impactan en las vida de los niños, niñas y adolescentes” enfocando las mejoras en los vínculos que establecen con sus empleados, y las proyecciones en la Cadena de Valor.

  • Liderazgo y Empoderamiento “qué reformulaciones se requieren (en dichos conceptos y su implementación) de acuerdo a la realidad y a la visión a largo plazo”, con foco en las propuestas de formación profesional y emprendedurismo.

Este encuadre se completa con las herramientas recientes de la RSE-I con formato de guías de UNICEF en Inversión Privada y Comunicación para implementar la RSE destinada a la niñez y adolescencia y las prácticas de vanguardia de ExI -Empresas por la Infancia- iniciativa de Fundación Arcor y Save the Childre, en sus acciones de Investigación, Formación, Banco de Prácticas y Redes.

 

Este apartado contiene recortes del documento original -acceso desde la imagen-
Fuente: Accountabilityroundtable.org

Introducción
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (“Principios Rectores”) aprobados por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011, afirman que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los Estados la obligación de garantizar este respeto. Hacen referencia a la diligencia debida como un medio operativo para que las empresas respeten los derechos humanos, pero no especifican cuáles son las opciones disponibles para que los Estados garanticen la aplicación de estos procesos de diligencia debida por parte de las empresas.

... En la práctica, diferentes actividades empresariales pueden tener diferentes tipos de impacto sobre los derechos humanos. Así mismo, las características específicas del contexto de los derechos humanos afectan sin lugar a dudas a la manera en que diversas actividades empresariales repercuten en los derechos. Los Principios Rectores identifican la relación entre actividad empresarial y contexto de derechos humanos como el origen de lo que ellos definen como “riesgos para los derechos humanos,” entendidos como “las posibles consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos.”

... Los Principios Rectores identifican la diligencia debida en materia de derechos humanos como la principal herramienta que una empresa debe utilizar para hacer frente a tales riesgos. Esto incluye, en primer lugar, que la empresa identifique los riesgos relacionados con sus actividades y relaciones; en segundo lugar, que tome medidas para prevenir violaciones sobre los derechos de los demás; y finalmente, que informe adecuada y públicamente sobre ambos tipos de acciones.
Los Principios Rectores definen específicamente la diligencia debida de la siguiente manera:
Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La diligencia debida en materia de derechos humanos:
a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales;
b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones;
c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas.

Prólogo (páginas 8 y 9)
La capacidad de los Estados de proteger los derechos humanos no ha avanzado al mismo ritmo que la expansión de la actividad económica mundial. Mientras las empresas han ido ganando cada vez más derechos económicos, acceso a los mercados y movilidad, los gobiernos han sido incapaces de encontrar un equilibrio entre el poder de esas empresas y el deber del Estado de proteger los derechos humanos.
En teoría, las víctimas de los daños causados parcial o íntegramente por una empresa deberían poder reclamar ante las autoridades gubernamentales y obtener una reparación. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas reclamaciones se ven frustradas por la falta de recursos formales en el Estado de residencia de la víctima o de la empresa. En pocas palabras, a menudo las víctimas se ven desprovistas de los medios necesarios para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos. Además, en aquellas circunstancias en las que sí existen recursos apropiados, las víctimas siguen sufriendo dificultades para acceder a la justicia debido a toda una serie de obstáculos legales, financieros y políticos: las complejas estructuras corporativas pueden diluir precisamente la responsabilidad exacta de los daños causados; las trabas jurisdiccionales pueden hacer que los litigios transnacionales resulten costosos y difíciles; los tribunales o fiscales pueden carecer de los conocimientos técnicos adecuados; la corrupción o la represión política pueden hacer imposible cualquier proceso de esta índole. En algunos Estados, las autoridades pueden verse incapaces de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos debido a la falta de instituciones adecuadas o la fragilidad de la estructura de gobierno.
El concepto de diligencia debida en materia de derechos humanos está adquiriendo cada vez más importancia como herramienta potencial para hacer frente a retos indisociables: forjar un mejor comportamiento por parte de las empresas y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia cuando dichas empresas no cumplen con las normas establecidas por la sociedad. La diligencia debida en materia de derechos humanos no sustituye en sí los mecanismos eficaces de reparación con los que deben contar las víctimas, sino más bien constituye un medio por el cual las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los daños que puedan causar; y a través del cual los órganos judiciales y regulatorios pueden evaluar el respeto de los derechos humanos por parte de éstas.
El proyecto de diligencia debida en materia de derechos humanos fue iniciado por la Corporate Accountability International Roundtable (ICAR)1, la Coalición Europea para la Justicia Corporativa (ECCJ, por sus siglas en inglés)2 y la Red Canadiense sobre Responsabilidad Corporativa (CNCA)
. El objetivo del proyecto es analizar cómo los gobiernos podrían utilizar su autoridad de reglamentación para obligar o alentar a las empresas a participar en actividades de diligencia debida en materia de derechos humanos.
A petición de las coaliciones que pusieron en marcha el proyecto, nos reunimos como grupo de expertos para coordinar la recepción de las diferentes contribuciones y elaborar el informe final.
Redactamos las bases del estudio de investigación y planificamos y solicitamos el asesoramiento de expertos jurídicos de varias regiones de todo el mundo. Durante la mayor parte de 2012, asistimos a las consultas con dichos expertos jurídicos y con la sociedad civil en África, Asia, Europa y las Américas, escuchando a profesionales y académicos de diversas jurisdicciones sobre qué tipo de normativa relativa a la diligencia debida existe, si esta normativa es realmente aplicable, y si funciona o no en sus propios países. Recibimos muchos ejemplos de legislación sobre diligencia debida que confirmaron nuestra sensación inicial de que esta reglamentación es común a la mayoría de las jurisdicciones. Pero estos ejemplos se acompañaban de un mensaje muy claro: muchos de los textos legislativos no se ejecutan en la práctica o no se aplican plenamente por los Estados.
Sin embargo, también nos dimos cuenta de que estas reglamentaciones siguen siendo muy eficaces en la prevención o mitigación del daño, incluso si los Estados no las aplican correctamente. En muchos casos, los procesos de diligencia debida en vigor no mencionan en absoluto los derechos humanos o, si lo hacen, sólo de forma tangencial. En efecto, encontramos más ejemplos en el ámbito de la protección del medio ambiente, la seguridad de los productos o el blanqueo de dinero, que en el ámbito de los derechos humanos como tal. Estos ejemplos nos han dado lecciones importantes, y han tenido un impacto profundo en nuestra forma de pensar a la hora de describir las prácticas estatales. Sin el inestimable asesoramiento y conocimiento de todos los que participaron, nuestra tarea hubiera sido mucho más difícil y el resultado menos consecuente. Estamos en deuda con todos ustedes.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las organizaciones miembros de las coaliciones que nos han invitado a participar en el Proyecto. Ha sido un privilegio contribuir a un debate tan oportuno, con todo el contenido que hemos podido reunir, durante un período de consulta corto pero intenso. Ha sido un placer contar con la ayuda de excelentes profesionales que han liderado el proyecto: Amol Mehra, ICAR, Filip Gregor, ECCJ, y Coumans Catherine, CNCA. Todos los puntos de vista y los errores son, por supuesto, nuestros.
Profesor Olivier De Schutter. Profesor Anita Ramasastry. Mark B. Taylor. Robert C. Thompson

III. El Alcance de la Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos (página 57)
Los procesos de diligencia debida a escala nacional o internacional exigen a las empresas el ejercicio de aquella diligencia en toda la organización, dentro y fuera de sus fronteras nacionales.
Un análisis de los textos legales nacionales e internacionales basados en la diligencia debida sugiere que diferentes sistemas legales se sirvan de dicha diligencia para superar los obstáculos a la aplicación de una reglamentación efectiva que plantean las complejas estructuras o las actividades transnacionales de las empresas. En este capítulo se describe el alcance de la diligencia debida en materia de derechos humanos que los Estados deben exigir a las empresas.
Las actividades empresariales modernas superan sin problemas las fronteras territoriales y organizativas. Las empresas operan a través de redes de proveedores, subcontratistas, concesionarios y distribuidores, a menudo situados en distintos Estados. Cualquier ‘grupo de empresas’ incluye, por lo general, una serie de entidades jurídicas separadas, sobre las que la empresa matriz, que es propietaria de parte o la totalidad de las acciones, ejerce un grado variable de control. Estas entidades pueden quedar incluidas u operar en diferentes jurisdicciones. Como resultado, muchos de los productos y servicios disponibles en la actualidad pueden considerarse como el fruto de la colaboración entre varias entidades empresariales, vinculadas por contratos o inversiones, que muchas veces escapan a la jurisdicción de un único Estado.
Con el tiempo, los regímenes jurídicos que rigen las actividades de diligencia debida han adaptado su alcance a las actividades y relaciones creadas por esta integración de las empresas. En los sistemas jurídicos nacionales, y en virtud del derecho internacional, la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida no termina en el límite legal de la empresa individual. El motivo por el que se define el alcance de las disposiciones de diligencia debida de esta manera es él de protegerse contra situaciones en las que el respeto a las normas legales, tales como la protección del medio ambiente, los derechos laborales y la lucha contra la corrupción, pueda quedar socavado por el uso creativo de las relaciones comerciales, las diversas formas que adopten las entidades empresariales y la organización o la estructura de los grupos de empresas.
Este enfoque también se refleja en los instrumentos internacionales desarrollados en relación con las empresas y los derechos humanos. El Principio Rector 2 establece que “los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades,” lo que excluye una lectura restrictiva de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos que se limitasen a la entidad jurídica individual o a las operaciones desarrolladas únicamente en el territorio del Estado de constitución. El Principio Rector 13 presta atención tanto a las “actividades propias” de las empresas como a los impactos en consecuencia de actividades “directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.” El Comentario del Principio Rector 13 declara que: Las empresas pueden estar implicadas en las consecuencias negativas sobre los derechos humanos a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales con otras partes... Desde la perspectiva de estos Principios Rectores, las “actividades” de una empresa incluyen tanto sus acciones como sus omisiones; y sus “relaciones comerciales” abarcan las relaciones con socios comerciales, entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal directamente relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios.

Según el Principio Rector 14, la responsabilidad se aplica a todas las empresas independientemente de su ‘estructura’, lo que, según la interpretación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, significa que: “la estructura corporativa no supone diferencia alguna en cuanto a si las entidades del grupo han de respetar los derechos humanos. Simplemente afecta a cómo actúan para velar por que esos derechos se respeten en la práctica, por ejemplo a través de sus acuerdos contractuales o sus sistemas internos de gestión o estructuras de gobernanza o rendición de cuentas. Si se producen violaciones de los derechos humanos, corresponderá a los tribunales de su jurisdicción determinar sobre quién recae la responsabilidad.”

De forma similar, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisión de 2011) estipulan que las empresas domiciliadas en cualquiera de los países de la OCDE deberían utilizar sus ‘relaciones de negocios’ para “esforzarse por prevenir y atenuar las incidencias negativas sobre los derechos humanos directamente vinculadas con sus actividades, bienes o servicios en razón de una relación de negocios con otra entidad, incluso si no contribuyen a generar dichas incidencias.”217 Tanto los Principios Rectores como las Directrices de la OCDE reconocen que muchas empresas operan como parte de grandes redes de agentes, proveedores, subcontratistas y clientes y que, en consecuencia, puede resultar difícil para estas empresas realizar un seguimiento sistemático de las actividades de todos sus socios de negocios. Ambos textos responden a esto de maneras similares a las desarrolladas a nivel nacional para garantizar que las empresas actúen con la diligencia debida: a través del uso de su poder y su influencia.
Ni los Principios Rectores, ni las Directrices de la OCDE restringen la diligencia debida a los límites de las entidades jurídicas ni a los límites del Estado en el que operan.
A escala nacional, existen numerosos ejemplos de reglamentaciones estatales que crean obligaciones de diligencia debida que se extienden más allá de una empresa individual y que alcanzan también a los diferentes actores que tienen relaciones importantes con dicha empresa. La mayoría de los sistemas jurídicos atribuyen a la empresa no solo la responsabilidad de los actos de sus directivos y empleados, sino también de los actos de los agentes, socios o contratas que actúan en su nombre. Sobre esta base, los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países han desarrollado procesos de diligencia debida como una manera de que la empresa pueda defenderse frente a la responsabilidad por los actos de sus agentes. Estos procesos de diligencia debida por regla general, no se limitan por ende al alcance inmediato de la empresa sino que incluyen además a grupos empresariales, redes de empresas, filiales, agentes y subcontratas.

... Por ejemplo, muchos sistemas jurídicos imponen obligaciones legales sobre las empresas para que dispongan de planes de gestión de riesgos que evitn too tipo de daños a los trabajadores. Los Estados suelen requerir la aplicación de procesos de diligencia debida para detectar y proteger contra tales riesgos. En la misma línea, el Código Alemán de Trabajadores (AEntG) establece que una empresa será responsable de cualquier incumplimiento de las obligaciones importantes derivadas del contrato de trabajo firmado entre las empresas subcontratadas y sus trabajadores. El objetivo de esta disposición es alentar a las empresas a adoptar mejores mecanismos de control de la cadena de subcontratación y evitar el dumping salarial. (página 59)

En Canadá, el artículo 217.1 del Código Penal establece la obligación legal de una empresa de ejercer la diligencia debida para proteger a los empleados y al público en general contra cualquier riesgo de daño físico, y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de accidente grave o mortal, una empresa puede ser declarada responsable desde el punto de vista penal si los “altos directivos” no han cumplido adecuadamente con su obligación de prevenir cualquier tipo de violación o infracción cometida por uno de sus “representantes” (o si, con la intención, al menos parcial, de beneficiar a la organización, mandan a uno de sus “representantes” a cometer una violación). El Código identifica como “representante” a cualquier “administrador, socio, empleado, miembro”, además de todo “agente o contratista de la organización”. Esta definición amplía la responsabilidad de la empresa más allá de sus propios límites legales para incluir a aquellos con los que trabaja en un momento determinado. Este enfoque refleja la creciente complejidad de las organizaciones empresariales en donde las diferentes prácticas de contratación y colaboración pueden nublar el establecimiento de la responsabilidad real sobre la salud y la seguridad. La ley que rige la aplicación del Código Penal describe un “proceso de diligencia debida”, sorprendentemente similar al descrito en los Principios Rectores, así como en otras definiciones nacionales de diligencia debida.

El efecto de los ejemplos alemanes y canadienses busca exigir que la diligencia debida no se limite a una ‘empresa’, en su sentido más estricto definido por la ley, sino más bien que la diligencia debida llegue a todos aquellos actores implicados en la cadena de valor de la empresa que puedan tener un impacto en la capacidad de la empresa de respetar la ley. En efecto, estas reglamentaciones tienden a alinear el alcance de los requisitos de diligencia debida impuestos a una empresa de forma que incluyan el ámbito de sus relaciones comerciales.
El enfoque relativo a la ampliación del alcance de la diligencia debida más allá del límite legal de la empresa individual para que se incluyan así sus relaciones comerciales también reconoce que las relaciones comerciales traspasan las fronteras nacionales. Parte del motivo por el cual se pretende ampliar el alcance de las disposiciones de diligencia debida para incluir las relaciones comerciales, es dar respuesta a los problemas planteados por la realidad de la globalización de las actividades comerciales, lo que convierte la supervisión reglamentaria por parte de cualquier autoridad legislativa en una tarea difícil y compleja. El enfoque adoptado por los regímenes nacionales de diligencia debida, y más recientemente por los estándares internacionales esbozados en los Principios Rectores y las Directrices de la OCDE, reconoce que la responsabilidad de las empresas se extiende a todas sus relaciones comerciales y, por ende, amplía el alcance de la diligencia debida a todas las operaciones de la empresa realizadas en el mundo entero, sin, por tanto, limitar la diligencia debida a las fronteras de la jurisdicción donde se elaboró la norma.
En efecto, precisamente debido a que los procesos de diligencia debida en todas las operaciones de la empresa superan varias jurisdicciones, los Estados pueden exigir la adopción de medidas de dicha diligencia, a sabiendas de que puede que estas medidas influyan en la conducta de las empresas fuera del territorio nacional. Este enfoque está reconocido en el derecho internacional, que impone a los Estados el deber de impedir que su territorio nacional pueda ser utilizado para causar daños en el territorio de otro Estado. Esta obligación, aunque en un principio se aplicaba en el contexto de la contaminación transfronteriza, no se limita únicamente a estos casos sino que va más allá del derecho internacional medioambiental: El deber del Estado se extiende a la reglamentación de las actividades de las personas individuales en su territorio, que “es no menos aplicable cuando el daño se cause a las personas o a otros intereses legales en el territorio de otro Estado.”
En China, por ejemplo, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y otros organismos gubernamentales publican desde el año 2010 una serie de normas y directrices para las empresas chinas que operan en el extranjero y para las empresas de trabajo temporal que envían a trabajadores chinos a trabajar en empresas no nacionales que operan en el extranjero225. Las normas que entraron en vigor el 1 de agosto de 2012, exigen que las empresas de trabajo temporal dispongan de “un sólido sistema de gestión interna y un protocolo en caso de emergencias”, para “hacer un seguimiento y las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en el extranjero”, para proporcionar un seguro en caso de accidente en el extranjero si la empresa contratante no lo incluye, e intervenir ante los empresarios extranjeros “para resolver las dificultades y problemas que sufren los trabajadores debido a sus condiciones de trabajo y de vida”.
En febrero de 2012, el Ministerio de Comercio publicó sus Directrices sobre la Gestión de la Seguridad de las Empresas e Instituciones de Capital Chino establecidas en el Extranjero y Su Personal, que complementan el Reglamento sobre la Gestión de la Seguridad de las Empresas e Instituciones de Capital Chino establecidas en el Extranjero y Su Personal (adoptado por siete ministerios, incluyendo el Ministerio de Comercio, en agosto de 2010). Estas directrices explican cómo las empresas deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, incluyendo ciertos requisitos relativos al respeto y defensa de los derechos humanos, así como los planes de contingencia para la seguridad del personal. Las Directrices sobre la Gestión de la Seguridad incluyen el asesoramiento en el proceso de investigación y la diligencia debida con respecto a los proyectos de inversión extranjera, prestando una atención especial al entorno de la inversión (estabilidad política y social) y a la protección del medio ambiente.

Las leyes nacionales que prohíben el soborno de los funcionarios públicos exigen a las empresas que lleven a cabo la diligencia debida respecto a sus subcontratistas, socios y cualquier otra persona con la que trabajen, independientemente de si son entidades jurídicas independientes o si están domiciliadas en jurisdicciones en el extranjero. Por ejemplo, de conformidad con la Ley contra el Soborno del Reino Unido (2010), se considera delito penal que una persona “asociada” con una empresa comercial soborne a un funcionario extranjero con el fin de obtener negocios o ventajas comerciales228. Según dicha Ley, un “asociado” se define como “cualquier persona que preste servicios por cuenta o en representación de (una empresa)”. Esta función debe ser determinada "teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes y no únicamente la naturaleza de la relación. "La Ley establece explícitamente que “no importa” que la persona asociada actúe en calidad de "empleado directo, agente o empleado de una filial”.
Según la citada Ley contra el Soborno del Reino Unido, una empresa podrá defenderse contra las acusaciones de soborno, si demuestra que disponía de "procedimientos adecuados" en vigor, incluyendo procesos de diligencia debida con respecto a los empleados, agentes y trabajadores de otras filiales, o cualquier otra persona que preste servicios en su nombre. La Ley se aplica a cualquier persona jurídica u organismo nacional británico, sin importar dónde se pagó el soborno o dónde se cometieron las acciones (u omisiones) de la empresa. La ley también se aplica a las entidades extranjeras que operan en Reino Unido.
La necesidad de una empresa de ampliar su diligencia debida más allá de la jurisdicción donde esté domiciliada puede provenir del ámbito de su responsabilidad legal por negligencia según el derecho civil y derecho delictual, en la jurisdicción donde esté domiciliada, por actos cometidos en el extranjero. En consecuencia, las personas perjudicadas por actos ilícitos civiles cometidos por agentes o socios de una empresa podrán interponer acciones legales contra esa empresa por su participación o falta de participación en la gestión del delito y por no ejercer el debido cuidado para evitar el daño.

En la UE, en virtud del Reglamento (CE) nº 44/2001 (el Reglamento “Bruselas I”)230, los tribunales nacionales de los Estados miembros de la UE son, en principio, competentes para conocer de los procesos civiles contra las personas, incluidas las empresas domiciliadas en la UE, por ciertos actos ilícitos civiles, incluso si el daño se produce o se origina fuera del territorio de los Estados miembros y los demandantes no están domiciliados en un Estado miembro de la UE.
La acción legal puede interponerse ya sea en el Estado donde se encuentra la sede central de la empresa o, cuando el hecho causante del agravio se haya originado en una rama de dicha empresa, en el Estado donde se encuentre esa rama. Por ejemplo, un tribunal holandés se basó en el Reglamento Bruselas I como base para establecer su jurisdicción sobre las acusaciones de contaminación en Nigeria que fueron presentadas por un ciudadano nigeriano en contra de la empresa petrolera, Shell. Lo mismo sirvió para una sentencia del Tribunal de Londres sobre los cargos presentados contra una empresa británica por su implicación en el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil. Entre los agravios mencionados en el Reglamento, se incluyen las violaciones de las normas de derechos humanos o los crímenes internacionales.
También en Estados Unidos, Australia y Canadá se han dado casos similares, sin embargo, si bien en tales jurisdicciones de derecho consuetudinario, las demandas interpuestas deben pasar la prueba de forum non conveniens – no debe haber ninguna otra autoridad competente accesible a las víctimas que, a fin de cuentas, presente vínculos más estrechos con el caso que se presenta -, tal prueba no puede imponerse cuando la acción se basa en el Reglamento “Bruselas I”, que establece normas obligatorias sobre jurisdicción.
La Ley de 1990 Americans with Disabilities Act (Ciudadanos Americanos con algún tipo de Discapacidad) proporciona otro ejemplo sobre cómo el Estado del foro protege los derechos humanos en el extranjero, mediante la imposición de ciertos requisitos a las empresas domiciliadas en su jurisdicción. La ley prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas por parte de cualquier empleador, agencia de empleo, organización laboral o comité paritario de trabajadores y miembros de la dirección. Esta ley establece el alcance extraterritorial de la prohibición al establecer una presunción según la cual “si un empleador controla una empresa cuyo lugar de constitución es un país extranjero, cualquier práctica emprendida por tal empresa que constituya una discriminación en virtud de esta ley, se considerará como emprendida por dicho empleador”.
Sin embargo, con el fin de permanecer dentro de los límites de la jurisdicción extraterritorial en virtud del principio de personalidad activa circunscrito en el derecho internacional (es decir, justificado por la nacionalidad de la entidad regulada), esta disposición no se aplica a “las operaciones en el extranjero de una empresa que sea una entidad extranjera no controlada por ninguna otra empresa estadounidense”.
Esto es equivalente a imponer a todas las empresas estadounidenses cubiertas por la Ley, la obligación de ejercer la diligencia debida para asegurarse de que todas las empresas que controlan en el extranjero respeten la prohibición de cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad.
El objetivo de estas disposiciones es evitar que las empresas eludan sus responsabilidades al externalizar sus actividades de riesgo a otros a través de sus relaciones comerciales. Estas leyes consideran la responsabilidad de tal manera que reconozca los límites formales de la entidad legal, pero no permite que la elección de una determinada forma de organización cree obstáculos en la reparación de los posibles daños o violaciones derivadas de las actividades comerciales de dicha entidad. El propósito del concepto de diligencia debida es él de exigir a una empresa identificar, prevenir y mitigar, además de ser responsable de los daños o delitos causados. Al actuar de esta manera a través de las relaciones comerciales de una empresa a nivel mundial, el alcance de la diligencia debida está diseñado para superar otros límites legales, como la realidad de entidades legales separadas o jurisdicciones distintas. Su ámbito de aplicación viene por lo tanto determinado, en primer lugar, por la naturaleza del daño que se pretende evitar.

Orientaciones Prácticas para la Debida Diligencia Empresarial - febrero de 2015

Poniendo un foco especial en la debida diligencia, Sustentia Innovación Social publicó un documento para acompañar específicamente a la empresa en la comprensión de las implicaciones que representan los Principios Rectores de ONU sobre empresa y derechos humanos. Su enfoque es eminentemente práctico y se centrado en la presentación de algunas soluciones enfocadas a la integración de los Principios Rectores en los procesos de gestión de una empresa.
El documento se concentra principalmente en los Pilares II y III (Respeto y Remedio) y argumenta sobre la importancia de la gestión de los DDHH en la empresa, explica el sistema que establecen los Principios Rectores y hace un recorrido detallado sobre la debida diligencia y los principios que debe asumir la empresa en la prevención y el remedio de las vulneraciones de DDHH de que sea responsable.

A través de preguntas, se aportan orientaciones sobre qué tipo de medidas debe tomar la empresa, de manera que pueda servir a los gestores para hacer una primera evaluación del grado de cumplimiento individual, y de los retos que su empresa tiene por delante. Para ello se ofrecen orientaciones sobre cómo abordar los retos en su conjunto -de forma que las empresas puedan identificar el camino más eficaz hacia su gestión de la debida diligencia en DDHH-, y también de manera pormenorizada y estructurada en 6 aspectos específicos.

Financiado por AECID y por Sustentia Innovación Social, este documento forma parte del proyecto “Capacitación y Diálogo sobre el marco empresas y derechos humanos en Colombia”, un proyecto de AECID, y con desarrollo técnico de Sustentia Innovación Social y Fundación DIS. El proyecto se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, con el objetivo de apoyar a los actores del proceso productivo en Colombia a generar capacidades propias para desarrollar el referido Marco de Empresas y DDHH y los Principios Rectores, al tiempo que ayudar a definir y promover las responsabilidades que cada actor debe ostentar en este proceso en Colombia. Este proceso se constituyó como una herramienta útil para la Construcción de política pública de Derechos Humanos en Colombia.

sic Fuente: Sustentia Innovación Social.