¿Presión Social o Voluntad Política?

Corrupción: la caja de la política - Vericuetos legales, falta de control efectivo y un alto grado de tolerancia social parecen ser la mezcla perfecta para que la lucha por la transparencia quede siempre en la nada, po Laura Zommer

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Visto con ojos argentinos, parece un cuento. Pero no lo es. Hace doce años, Mona Sahlin era ministra de Igualdad Social de Suecia y la preferida en las encuestas para suceder al primer ministro socialista Ingvar Carlsson. Con una tarjeta de crédito otorgada por el Estado, cargó nafta en su vehículo oficial -lo cual estaba permitido-, pero además compró un chocolate Toblerone y un perfume y los abonó con la misma tarjeta. Cuando llegó el resumen al Ministerio, ella ya había informado que quería pagar esos gastos personales, pero se vio obligada a renunciar porque la sociedad sueca no le perdonó que hubiera utilizado la tarjeta para un fin diferente al establecido. La anécdota no hace más que ilustrar que los suecos, al menos dentro de sus fronteras, tienen una muy baja tolerancia a la corrupción, algo que, claro está, no ocurre en la Argentina. Suecia es el país donde tiene su casa matriz la empresa Skanska, que obligó a renunciar a la cúpula de su filial local cuando sus miembros admitieron el pago de "comisiones indebidas" en su participación en la ampliación de un gasoducto impulsada por el Ministerio de Planificación Federal.

¿Hay algo en la Argentina que favorezca especialmente la corrupción, que hace que hasta las empresas suecas se comporten en estas tierras de manera corrupta? ¿Es quizás el mal funcionamiento de algunas instituciones, como la Justicia o las fuerzas de seguridad, que usan sistemas poco eficientes para investigar delitos complejos? ¿O el problema tiene más que ver con la existencia de ciertos instrumentos legales (como los superpoderes, los fideicomisos o los decretos de necesidad y urgencia) que tienden a concentrar poder y debilitar los controles? Más pesimistas, más resignados, algunos creen que se trata principalmente de un problema cultural, que se relaciona con la educación y el valor de la palabra y con ciertas conductas aceptadas en nuestra sociedad.

"La Argentina es un proyecto que fracasó. La corrupción financió y financia la política -dice Manuel Garrido, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)-. Por eso, debe haber un consenso político -que hoy no existe- de que éste es un tema importante en el que debe trabajarse seriamente y sin distinciones partidarias."

Garrido, al igual que los demás consultados por LA NACION, descarta las soluciones simples y mágicas y la fantasía de corrupción cero, y afirma que las políticas que hoy no existen deberían aumentar el costo económico y social de la corrupción. Sin embargo, coinciden, los países con mayor debilidad institucional son los que presentan los menores costos a los corruptos.
- Los affaires de corrupción de funcionarios y empresas nacionales y extranjeras se sucedieron casi sin cesar durante el gobierno de Carlos Menem, mientras el sueño del 1 a 1 hacía que los argentinos viajaran por el mundo sin preocuparse por los robos locales. ¿Qué pasó con aquellos casos? No mucho.
- El fin del gobierno de Fernando de la Rúa comenzó cuando se conoció que el Poder Ejecutivo Nacional habría pagado sobornos a senadores a cambio de la aprobación de una ley de reforma laboral. Entonces, no hubo privados involucrados sino sólo representantes del pueblo. Tampoco por ese caso, de inusitada gravedad institucional, cambiaron las reglas de la política.
- A fines del año pasado, le llegó el turno al gobierno de Néstor Kirchner, que tampoco hizo mucho después de la difusión del primer gran caso de corrupción de su gestión. Tras restarle importancia durante meses, el Presidente echó a algunos funcionarios de segunda línea. ¿Pasará algo esta vez? Casi nadie es optimista. Los responsables de los principales organismos de control del país y expertos en la lucha anticorrupción de la Argentina (que no son demasiados) coinciden en que el panorama del futuro más o menos cercano es desolador. Igual que muchos, sospechan que el caso Skanska no es un hecho aislado.

Un juez del fuero federal porteño, donde se tramitan los principales casos de corrupción del país, dice algo que, viniendo de quien viene, asusta un poco: "Las estructuras políticas pelean por el botín de las cajas. Disputan un espacio para ver cuánto dinero manejarán. Y, con los años, no hicieron otra cosa que optimizar sus métodos".
Para peor, los expertos coinciden en que, en general, los países no reaccionan en momentos de crecimiento económico. Falta en la Argentina generar la demanda que produzca el cambio. "Si los Estados Unidos necesitaron un Watergate, nosotros necesitaremos diez", dice uno de los entrevistados, que pide el anonimato debido a su actual función.
Que el problema de la corrupción dejó de estar entre las principales demandas de la gente es un hecho. La creación de una Oficina Anticorrupción en la ciudad de Buenos Aires no fue esta vez siquiera una promesa de campaña de ninguno de los principales candidatos a jefe de gobierno, aun cuando, en la elección anterior, Mauricio Macri sí lo había incluido en su plataforma.
El asunto tampoco está en la agenda de otros distritos. De hecho, puede ponerse en tela de juicio el éxito de un proyecto que lleva adelante la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia de la Nación que tiene por objeto la creación de organismos de control similares a la OA en el nivel subnacional. Sólo siete provincias los tienen: Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego.
Es evidente que no hay suficiente presión social ni voluntad política para asumir este riesgo.

Para Marcela Santos, directora ejecutiva de la Fundación Soporte, creada para dar asistencia y protección a las víctimas y testigos de casos de corrupción, "el desafío en la Argentina y en la mayoría de los países de América latina es pasar del estado de hipercorrupción estructural en el que estamos (que supone que el sistema sólo funciona bajo mecanismos corruptos) a uno de corrupción residual (que implica la presencia de individuos corruptos, que siempre existirán)".

Santos identifica tres factores que favorecen la corrupción y se mezclan en forma explosiva en nuestro país: uno cultural, uno estructural y uno más bien psicológico.
- El primero puede explicarse así: el discurso dice que está mal quedarse con algo que no nos corresponde, pero en los hechos todos dudamos en algún momento de ello. Por ejemplo, al copiarse en un examen.
- El segundo comprende tanto al diseño y funcionamiento de los organismos de control como al sistema legal vigente. "En la década del 90 se terminaron los organismos de control en la Argentina, donde no hay falta de ley sino una teleraña legal. Según de qué hilo tires, podés hacer A o B con amparo normativo", precisa Santos, socióloga y abogada del estudio de Luis Moreno Ocampo. Coincide en este punto Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), que el mes último logró que el oficialismo archivara un proyecto de ley que, según casi todo el arco opositor, buscaba restarle poder al organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. "La Argentina carece de una cultura del control -se queja Despouy-. Este es un tema crucial y, en países como el nuestro, es uno de los grandes vértices de la reconstrucción institucional. Por eso, es importante que la gente advierta que quien audita defiende sus intereses y que el resultado de esa tarea lo beneficia".
- El tercer factor, el psicológico, se relaciona con la anécdota de la ex ministra sueca y la tolerancia social a la corrupción.
Todos los especialistas consultados acuerdan con Santos en que en el país no faltan normas para combatir la corrupción y velar por la transparencia. De hecho, durante el gobierno de Menem, la Argentina fue el primer Estado en ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción, se sancionó la Ley de ética en el ejercicio de la función pública, que está hoy en vigor, y la reforma constitucional le dio mayor jerarquía a la Auditoría General de la Nación.
En la gestión de De la Rúa, se creó la Oficina Anticorrupción, se modificó la Ley de contrataciones públicas, en busca de que fueran más transparentes, y se desarrolló un sistema de presentación on line de declaraciones juradas que habilita un mejor control, entre otras cosas.
Al gobierno de Kirchner se le reconoce en esta materia el dictado del Decreto 1172/3, que firmó a poco de asumir. Ese decreto regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, en las audiencias públicas, en las reuniones abiertas de los organismos y entes reguladores de servicios públicos, y prevé la publicación en Internet de las reuniones de los funcionarios, para identificar posibles conflictos de intereses. El kirchnerismo también ratificó, como Menem, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que, para algunos, es una luz de esperanza porque prevé un sistema de sanciones para los países incumplidores.

Pero está visto que con el fortalecimiento del marco legal no alcanza. De todos modos, sería injusto no reconocer que, en comparación con el pasado, ha habido avances, aunque sean todavía insuficientes: antes de la década del 90 no se hablaba siquiera -ni durante la dictadura ni durante los gobiernos democráticos anteriores- de corrupción. Y no justamente porque no la hubiera...
Silke Pfeiffer, directora regional para las Américas de Transparencia Internacional (TI), la organización que mide anualmente el Índice de Percepción de Corrupción en el que la Argentina se ubicó en 2006 en el puesto 93 de 163 países, y Suecia, en el sexto, agrega un elemento para tener en cuenta.

"Una cosa que genera riesgos de corrupción en la Argentina es que mucha gente está muy acostumbrada a interactuar en canales informales, fuera de la institucionalidad -trátese de conflictos, de negocios, de acuerdos-. Esta costumbre y las dinámicas que generó tienden a aprovecharse como excusa para prolongarlas -dice Pfeiffer-. En otras palabras, algunos políticos en el poder hablan de un país ´ingobernable , de una tensión entre institucionalidad y gobernabilidad, y tienen una buena excusa para centralizar poder y no apostar al fortalecimiento de la institucionalidad. La costumbre de solucionar conflictos o cerrar acuerdos por vía informal no es sólo costumbre de muchos políticos, es también propia de muchos empresarios y de otros grupos sociales".

Incentivos y cinismo
¿Cuál sería hoy el incentivo para que políticos y empresarios poderosos y corruptos quieran cambiar el sistema? "Sólo hay incentivos negativos en ese sentido -opina Garrido-, porque la impunidad hace que el costo de la corrupción individualmente sea muy bajo. Yo con las denuncias que hago desde la FIA lo único que hago es aumentar esos costos porque, al menos, los corruptos tienen que pensar en pagar abogados y asesores de prensa para defenderse en la Justicia y públicamente".

Pfeiffer está de acuerdo. Y basa su opinión en datos obtenidos de una nueva herramienta de medición de TI que se presentó la semana última y evalúa la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos y campañas en ocho países de América latina, entre ellos la Argentina. "Simplemente no existen los incentivos para que los funcionarios y representantes políticos tengan que rendir cuentas de una manera oportuna, completa, clara y transparente. Ellos mismos señalan que los informes que presentan los partidos incluyen menos del 50 por ciento de las donaciones reales. Consecuentemente, se presenta información muy poco confiable, que al final no le interesa a nadie y todo el sistema se convierte en una farsa. El resultado es cinismo puro".

¿Qué hacer entonces? ¿Sólo esperar que con el paso del tiempo estemos cada vez peor? Para Santos, es clave lograr algo que hasta ahora no consiguieron los expertos en corrupción: que la ciudadanía perciba que la corrupción es la causante de que no haya recursos para atender los reales problemas de la pobreza, el desempleo, la salud o la educación de todos los argentinos. Y que vuelva a poner el tema a la cabeza de sus reclamos y exigencias.

Cómo hicieron otros países
- Umberto Eco suele decir que los problemas complejos –y la corrupción sin duda lo es– no tienen soluciones sencillas. No se trata de que la Argentina, si algún gobierno se decidiera, importe una serie de recetas o medidas implementadas con éxito en otros países del mundo; probablemente fracasaría en el intento. En la arena local, además, las políticas públicas pro transparencia se estudian poco y nada. De hecho, así como abundan las maestrías y posgrados de Economía, no existe en América latina ninguna especializada en analizar las mejores políticas anticorrupción. La razón, para algunos, es que es un fenómeno del que sólo se empezó a hablar hace poco menos de 20 años.
Sin embargo, hay ejemplos de buenas prácticas y algunas medidas sencillas y concretas que, aplicadas en forma simultánea y sostenidas en el tiempo, podrían ayudar a mejorar la situación.
Todos los expertos mencionan entre las principales medidas a adoptar la necesidad de que haya una ley nacional de acceso a la información que fomente la cultura de rendición de cuentas por parte de funcionarios y ciudadanos. Y, casi siempre, identifican también como prioritario que haya estabilidad y burocratización de la administración pública. En el país, actualmente, no tenemos ni una ni la otra.
Entre los ejemplos del extranjero, se señalan como positivas las siguiente medidas. Italia, por ejemplo, simplificó todos los trámites de la administración pública y, así, generó un desincentivo para que haya intermediarios que puedan favorecer la corrupción.
Chile y México lanzaron un sistema de compras on line, que desarrollaron con éxito primero Canadá y luego Australia. Y República Dominicana trabajó en sistema de precios testigo en el área de Salud, que cuando se aplicó como prueba piloto en algunos hospitales porteños logró un ahorro del 350 por ciento en varios insumos hospitalarios.
Fuente: La Nación, 10 de junio de 2007

Nota Código R: este artículo es un aporte de Atilio Meliné, integrante del Grupo RSE de la Cámara Argentina de Comercio(reuniones  1° y 3er. miércoles de cada mes, para sus asociados) Los interesados en participar pueden consultar a rse@cac.com.ar o info@codigor.org   

La corrupción como obstáculo para el desarrollo

Durante los días 16 y 17 de Abril de 2007 se ha celebrado en Madrid el I Encuentro Iberoamericano sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción con el lema: “La corrupción como obstáculo para el desarrollo”. En este Encuentro, organizado por Transparencia Internacional-España, han participado representantes de quince países (capítulos nacionales de TI y otras entidades), así como miembros de diversas instituciones internacionales.

Durante las dos jornadas se han analizado y debatido los mejores métodos y herramientas para impulsar eficazmente la transparencia y la lucha contra la corrupción, buscándose vías de cooperación entre los diferentes países representados en este evento, que ha contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la AECI y la Fundación Ortega y Gasset.  Como colofón o resultado final del Encuentro, los participantes en el mismo, representantes de la comunidad iberoamericana y de los organismos supranacionales, han elaborado una Declaración conjunta, en la que se han recogido las recomendaciones y medidas que habrían de aplicar los Gobiernos para impulsar la transparencia y combatir de forma efectiva la corrupción. El texto de esta Declaración final: DECLARACIÓN DE MADRID , online desde aquí

DECLARACIÓN DE MADRID SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Declaración final del I Encuentro sobre Transparencia y lucha contra la corrupción (Madrid, 17 de abril 2007)

          Las organizaciones reunidas en el I Encuentro Iberoamericano sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, asumimos la lucha contra la corrupción como uno de los más importantes desafíos que tienen nuestros países en lo inmediato. Aceptamos el reto y nos comprometemos a aunar esfuerzos y voluntades para lograr avances sustanciales y medibles en esta materia.

          Reiteramos nuestra decisión de impulsar la transparencia en la gestión pública mediante la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre todos los actos de la Administración Pública, y de propiciar que la lucha contra la corrupción pase a ser punto central de las agendas políticas a nivel local, regional y nacional.

          Además, manifestamos la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

1. Agilizar los trámites y/o las medidas necesarias en cada país para ratificar, en su caso, e implementar de forma clara y efectiva (mediante plan de acción, cronograma e indicadores de seguimiento) las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (ONU, Convención Interamericana, OCDE, etc).

2. Intensificar los esfuerzos de la sociedad civil para promover la aprobación en todos los países de una Ley de acceso público a la información.

3. Hacer legalmente obligatorias unas adecuadas prácticas de contabilidad y control interno de las campañas electorales por parte de los partidos políticos, así como hacer más transparente la información económico-financiera y presupuestaria de dichos partidos, de cara a fortalecer su imagen y dificultar las posibles prácticas de corrupción dentro de los mismos.

4. Crear o exigir una eficaz aplicación de aquellas normas que establecen la obligación de los partidos políticos de registrar y hacer públicas las donaciones recibidas.

5. Las Administraciones locales han de incrementar su nivel de transparencia y de información a la ciudadanía, divulgando aquellos aspectos sustantivos relacionados con su estructura, su funcionamiento y las decisiones sobre contrataciones, adjudicaciones, etc., con especial énfasis en los sectores que en cada país presenten unos mayores indicios de corrupción.

6. Reformar el Servicio civil en numerosos países iberoamericanos, propiciando una serie de medidas que permitan llegar a un servicio civil profesional que otorgue un mínimo nivel de consistencia, de eficiencia administrativa a largo plazo, y una estabilidad profesional de los servidores públicos.

7. Promover en el sector empresarial la emisión de Códigos éticos de conducta que regulen sus actuaciones y la aplicación de programas antisoborno y anticorrupción, tanto a nivel interno como frente al público usuario de sus servicios.

8. Generar información confiable y difundirla creativamente para estimular el interés de la población en la lucha contra la corrupción, y poner a disposición de uso público las herramientas e instrumentos de monitoreo y vigilancia anticorrupción que surjan de los distintos estudios locales.

9. Compartir y compilar las buenas experiencias en cada país sobre transparencia, reducción de la corrupción y mejora de la calidad de los servicios públicos.

10.Fomentar los programas de capacitación en las entidades públicas, ONG´s, y otras instituciones de cara a una lucha conjunta e integral contra la corrupción.

Nos comprometemos, finalmente, a realizar un seguimiento conjunto del cumplimiento por parte de nuestros Gobierno de las recomendaciones contenidas en la presente Declaración.

Fuente: transparencia.org.es

El Índice de la Percepción de la Corrupción 2006 insiste en la relación entre pobreza y corrupción 

Un informe publicado por Transparencia Internacional advierte que la corrupción “atrapa” a millones de personas en la pobreza y señala a África como el continente peor parado en esta cuestión. Redacción / EP (08/11/2006)
El Índice de Percepción de la Corrupción 2006 (IPC) publicado por Transparencia Internacional vuelve a apuntar a una "estrecha correlación entre la corrupción y la pobreza", que se pone de manifiesto en una concentración de Estados empobrecidos al final de la clasificación.
"La corrupción atrapa a millones de personas en la pobreza", afirmó la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle. "A pesar de la década de avances en la definición de leyes y normativas anticorrupción, los resultados que presentamos indican que todavía queda mucho por hacer antes de que podamos registrar una mejora significativa en las vidas de los ciudadanos más pobres del mundo", agregó.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2006 es un índice compuesto que parte de múltiples encuestas de opinión a expertos y que sondea las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 163 países de todo el mundo. Para ello, puntúa a los países según una escala del cero al diez, siendo el cero el valor que indica los niveles más elevados de corrupción percibida y el diez el valor que señala los niveles más bajos.
Casi tres cuartas partes de los países del IPC tienen una puntuación inferior a cinco y se enfrentan "a unos niveles graves de corrupción nacional percibida" 
... Los resultados del IPC ponen de manifiesto una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. Casi tres cuartas partes de los países del IPC tienen una puntuación inferior a cinco (incluidos todos los países con ingresos bajos y todos los estados africanos menos dos), lo que demuestra que "la mayoría de los países del mundo se enfrentan a unos niveles graves de corrupción nacional percibida". 

Corrupción, "realidad extendida"
Además, setenta y un países --cerca de la mitad-- se sitúan por debajo del tres, lo que indica que "la corrupción se percibe como una realidad extendida".
Mientras en lo alto de la clasificación se sitúan principalmente países europeos, nórdicos en concreto, con Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda, con un 9,6, a la cabeza, en lo más bajo de la lista se encuentra Haití, con un 1,8, seguido de Guinea-Conakry, Irak y Birmania, que comparten la penúltima posición, cada uno con una puntuación de 1,9. 
No obstante, Transparencia Internacional advierte que el hecho de que la corrupción en Haití se perciba como la más alta este año no indica que este país sea "el más corrupto" ni que los haitianos sea "el pueblo más corrupto".
"Si bien la corrupción es, de hecho, uno de los retos más imponentes a los que se enfrentan una buena gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza en Haití, la inmensa mayoría de sus habitantes tan sólo son víctimas de la corrupción", indica. "La corrupción protagonizada por un número restringido de individuos poderosos y la incapacidad de los líderes e instituciones a la hora de controlar o evitar la corrupción no implican que un país o su gente sean los más corruptos", agrega.
Asimismo, entre los países con un empeoramiento significativo de los niveles de corrupción percibida se encuentran: Brasil, Cuba, Israel, Jordania, Laos, Seychelles, Trinidad y Tobago, Túnez y Estados Unidos. Por su parte, entre los Estados con una mejora significativa de los niveles de corrupción percibida se encuentran Argelia, República Checa, India, Japón, Letonia, Líbano, Mauricio, Paraguay, Eslovenia, Turquía, Turkmenistán y Uruguay. 

Transparencia Internacional recomienda la adopción de códigos de conducta y la imposición de sanciones legales que frenen la corrupción. Según Transparencia Internacional, al final de la clasificación se observa una concentración de los denominados "Estados fracasados". Así, Irak ha descendido a la penúltima posición, a pesar de que los datos de un estudio anterior a la guerra ya no están incluidos en el IPC de este año.
El informe señala que aunque en los países industrializados registran puntuaciones "relativamente elevadas" en el IPC 2006, se siguen observando "grandes escándalos de corrupción en muchos de ellos". "A pesar de que en este contexto la corrupción puede tener repercusiones menores sobre la pobreza y el desarrollo que en los países en vías de desarrollo, estos escándalos demuestran que no quedan motivos para la autocomplacencia", explicó la organización en un comunicado. 
Por regiones, Africa es el continente que sale peor parado, ya que sólo dos países, Botsuana y Mauricio, consiguen una puntuación por encima de 5, con un 5,6 y un 5,1 respectivamente. "La corrupción y la falta de transparencia siguen siendo claramente un importante problema en todo el continente, con Chad, la República Democrática del Congo, Sudán y Guinea en lo más bajo del ránking global", explica el informe. 

Recomendaciones
En este contexto, Transparencia Internacional recomienda "el fomento y, cuando sea necesario, la adopción de códigos de conducta orientados específicamente a evitar la corrupción por parte de las asociaciones profesionales". Además, pide que se acuda a la educación pública "para garantizar que los intermediarios honestos comprendan mejor su función", así como la imposición de "sanciones legales o profesionales para profesionales de derecho, economía o contabilidad que permiten la corrupción".  Como cuarta y última recomendación, la organización internacional pide "un examen más exhaustivo de la función de los centros económicos que presentan una transparencia insuficiente a la hora de facilitar transacciones corruptas".  acceso a la red desde aquí
Fuente: Canal Solidario-OneWorld 2006 

Corrupción: El imán de la pobreza, Por Clive Freeman

BERLÍN, 6 nov (IPS) - El Índice de Percepción de la Corrupción 2006 de la organización Transparencia Internacional (TI), divulgado este lunes, confirma una fuerte correlación entre las irregularidades en las altas esferas de poder y la pobreza.

"La corrupción atrapa a millones en la pobreza", dijo a IPS la presidenta de TI, Huguette Labelle, durante la presentación del Índice, en el que un grupo de países pobres se ubican al fondo de la lista. 
El estudio muestra que, a pesar de una década de progresos en la creación de leyes y regulaciones anticorrupción, se necesita hacer mucho más para ver mejorías significativas en la vida de los habitantes más pobres del mundo, dijo Labelle. 
"La maquinaria de corrupción permanece bien aceitada, a pesar de la mejoría en la legislación", dijo Labelle, ex presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 
Setenta y uno de los 163 países estudiados en el Índice recibieron menos de tres puntos, lo que indica que la corrupción en esos estados es percibida como rampante. Haití se ubicó otra vez en el último puesto de la lista, con un puntaje de 1,8. Apenas por encima se colocaron Guinea, Iraq y Birmania, con 1,9. 

El Índice de TI es publicado todos los años desde 1995, y evalúa a los países respecto del grado en que la población local percibe la corrupción en una escala del 0 al 10. El estudio es elaborado sobre la base de encuestas. 
Brasil, Cuba, Estados Unidos, Israel, Jordania, Laos, Seychelles, Trinidad y Tobago y Túnez fueron otros países donde se detectó un agravamiento de la percepción de corrupción. 
Finlandia, que en los últimos años acumuló puntos altos por sus prácticas anticorrupción, se colocó en el primer puesto de la lista con un puntaje de 9,6, junto con Islandia y Nueva Zelanda. 

Completan los 10 primeros puestos Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Australia y Holanda. 
Aunque las naciones industrializadas obtuvieron puntajes relativamente altos, TI señaló que se siguen "viendo grandes escándalos de corrupción en muchos de esos países". 
El Índice destaca una "significativa mejoría" en el combate a la corrupción en Argelia, Eslovenia, India, Japón, Letonia, Líbano, Mauricio, Paraguay, República Checa, Turkmenistán, Turquía y Uruguay. 
El director ejecutivo de TI, David Nussbaum, y el presidente de la oficina alemana de la organización, Hansjoerg Elshorst, subrayaron en un comunicado que el débil desempeño de muchos países era prueba de que "los facilitadores de la corrupción siguen asistiendo a las elites políticas para lavar, almacenar y beneficiarse de riquezas ilegalmente adquiridas, que por lo general implican el saqueo de los recursos del Estado". 

"La presencia de intermediarios dispuestos, que por lo general son capacitados u operan en economías líderes, estimula la corrupción. Eso significa que los corruptos saben que habrá un banquero, un contador, un abogado u otro especialista listo a ayudarlos a generar, mover o almacenar sus ingresos ilícitos", añadieron. 
John Githongo, el ex zar anticorrupción de Kenia, dio ejemplos de apropiaciones indebidas de fondos públicos facilitadas "por contratos fraudulentos con sofisticadas compañías fantasmas y cuentas bancarias en jurisdicciones europeas y otras extranjeras". 
Los sobornos le cuestan a la población de Kenia cerca de 1.000 millones de dólares, cuando más de la mitad de los 32 millones de keniatas viven debajo de la línea de pobreza, según el Índice de Sobornos en Kenia. 

TI promueve fuertes medidas contra las coimas, incluyendo la penalización de estos pagos ilícitos a nivel internacional bajo la Convención sobre el Combate al Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de 30 países ricos. 
Para desalentar la corrupción, TI propone medidas como revelar las cuentas bancarias de funcionarios públicos y adoptar firmes códigos de conducta. 
"Firmas y asociaciones profesionales de abogados, contadores y banqueros tienen una responsabilidad especial para tomar acciones más fuertes contra la corrupción", dijo Nussbaum. 
Por su parte, fiscales, auditores y autoridades en general deben pasar a ser "incondicionales en la lucha contra la corrupción". 
TI también llamó a la promoción y adopción de específicos códigos anticorrupción en asociaciones profesionales internacionales de abogados y contadores.
Fuente IPSnoticias.net - noviembre de 2006  online desde aquí

    Intermediarios y recomendaciones

Los magros resultados de muchos países indican que los intermediarios quienes actúan para facilitar la corrupción siguen ayudando a las clases políticas a blanquear, guardar y beneficiarse de otras formas de la riqueza adquirida injustamente, lo que a menudo incluye activos estatales saqueados. La presencia de intermediarios dispuestos a colaborar —a menudo formados en potencias económicas o que operan desde ellas— fomenta la corrupción; esto implica que los corruptos saben que habrá un banquero, contable, abogado u otro especialista dispuesto a ayudarles a generar, mover o guardar sus ingresos ilícitos. 
El escándalo Anglo-Leasing en Kenia y otros escándalos de este tipo nos ofrecen un buen ejemplo: en este caso la apropiación inadecuada de fondos públicos fue posible gracias a la firma de contratos fraudulentos en los que se utilizaron sofisticadas empresas fantasma y cuentas bancarias en jurisdicciones europeas y exteriores, según John Githongo, anterior jefe de la agencia anticorrupción de Kenia. Y, de acuerdo con el Índice de Fuentes de Soborno de Kenia elaborado por el capítulo de TI en Kenia, los sobornos cuestan a los kenianos cerca de mil millones de dólares cada año, a pesar de que más de la mitad de la población vive con menos de dos dólares al día. 
Un acto de corrupción implica a quien da (la parte suministradora) y un interesado (la parte solicitante). TI aboga por la aplicación de medidas contundentes para reducir la parte suministradora de sobornos, incluida la persecución penal de sobornos en el extranjero en virtud de la Convención Contra el Soborno de la OCDE, así como de la parte solicitante, incluida la publicación de activos de los funcionarios y la adopción de códigos de conducta 
Sin embargo, la transacción suele ser posible gracias a la implicación de profesionales de muchos campos. Los intermediarios corruptos ponen en contacto a donantes y a interesados generando un ambiente de confianza mutua y reciprocidad; intentan dar una apariencia legal a transacciones corruptas elaborando contratos legalmente ejecutables; y les ayudan a asegurarse de que disponen de un chivo expiatorio en caso de ser descubiertos. 
“Las empresas y asociaciones profesionales de abogados, contables y banqueros tienen la gran responsabilidad de emprender una acción más firme contra la corrupción,” afirmó David Nussbaum, director general de Transparency International. “No obstante por su parte los fiscales, auditores forenses y especialistas en el cumplimiento de la ley, se pueden convertir en baluartes de una lucha victoriosa contra la corrupción.” 

Transparency International recomienda: 
El fomento y, cuando sea necesario, la adopción de códigos de conducta orientados específicamente a evitar la corrupción por parte de las asociaciones profesionales. Por ejemplo, la International Bar Association, la International Compliance Association, y asociaciones profesionales de contables; 
-La capacitación profesional para garantizar que los intermediarios honestos comprendan mejor su función;
-Sanciones legales o profesionales para profesionales de derecho, economía o contabilidad que permiten la corrupción;
-Un examen más exhaustivo de la función de los centros económicos que presentan una transparencia insuficiente a la hora de facilitar transacciones corruptas.
Fuente: Transparency International

• ¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción?
• ¿Cómo se define la corrupción en el contexto del IPC?
• ¿Por qué el IPC se basa únicamente en percepciones?
Método
• ¿Cuántos países comprende el IPC 2006?
• ¿Por qué hay países que ya no se reflejan en el IPC y por qué se incorporan otros nuevos?
• ¿Qué países podrían añadirse en futuros IPC?
• ¿Cuáles son las fuentes de datos para elaborar el IPC?
• ¿De quiénes son las opiniones que se sondean para las encuestas del IPC?
• ¿El IPC reproduce lo que difunde?
• ¿Ha cambiado la metodología del IPC 2006?
• ¿De qué forma asegura TI un control de calidad del IPC?
Interpretación del IPC
• ¿Qué tiene más importancia, el rango de un país o su puntuación?
• ¿El país con la puntuación más baja es el país más corrupto del mundo?
• Ejemplo: ¿Qué implicaciones tiene la situación de Haití en el IPC 2006?
• ¿Las puntuaciones nacionales del IPC 2006 se pueden comparar con las de IPC anteriores?
• ¿Por qué no se registran unos cambios más marcados en la puntuación de países concretos, teniendo en cuenta la intensidad o ausencia de reformas anticorrupción o la reciente difusión de escándalos de corrupción?
Cambios en las puntuaciones entre 2005 y 2006
• ¿Qué puntuaciones nacionales se han deteriorado más entre 2005 y 2006?
• ¿Qué puntuaciones nacionales han mejorado más?
Aplicación del IPC
• ¿El IPC es una medida fiable del nivel de corrupción percibido en un país?
• ¿El IPC es una medida fiable a la hora de decidir la asignación de ayudas?
La lucha contra la corrupción de Transparency International’s y el IPC
• ¿Cómo se financia el IPC?
• ¿Qué diferencia hay entre el IPC y el Barómetro Global de la Corrupción (BGC)?
• ¿Qué diferencia hay entre el IPC y el Índice de Fuentes de Soborno de TI (IFS)?

General
¿Qué es el IPC?
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International clasifica países según el grado de corrupción que se percibe entre los funcionarios y los políticos. Se trata de un índice compuesto, de una encuesta de encuestas, que parte de datos relacionados con la corrupción que se obtienen de expertos y encuestas empresariales llevadas a cabo por una gran variedad de instituciones independientes y acreditadas. El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas las de expertos que residen en los países que se están evaluando. Transparency International encarga la elaboración del IPC a Johann Graf Lambsdorff, profesor de la Universidad de Passau, Alemania.

¿Cómo se define la corrupción en el contexto del IPC?
El IPC de TI se centra en la corrupción del sector público y la define como el abuso del servicio público para el beneficio particular. Las encuestas utilizadas para la composición del IPC plantean preguntas relacionadas con el abuso del poder público para el beneficio particular (por ejemplo el soborno de funcionarios, pagos irregulares para la obtención de fondos públicos, malversación de fondos públicos) o aspectos que demuestran la solidez de políticas anticorrupción, incluyendo la corrupción administrativa y política.

¿Por qué el IPC se basa únicamente en percepciones?
Es difícil evaluar niveles generales de corrupción en diferentes países a partir de datos puramente empíricos, por ejemplo, comparando la cantidad de sobornos o el número de acusaciones o juicios. En este último caso, por ejemplo, estos datos comparativos no reflejan los niveles de corrupción reales; más bien ponen en relieve la calidad de los fiscales, tribunales y/o los medios de comunicación a la hora de sacar a relucir la corrupción en cada país. Por lo tanto, un método eficaz a la hora de obtener datos de un país es recurrir a la experiencia y percepciones de aquellos que afrontan más directamente la realidad de la corrupción en ese país.

Método
¿Cuántos países comprende el IPC 2006?
El IPC CPI 2006 incluye 163 países. En 2005, el IPC comprendía 159 países.
¿Por qué hay países que ya no se reflejan en el IPC y por qué se incorporan otros nuevos?
TI requiere un mínimo de tres fuentes para añadir un país en el IPC. Los cambios de cobertura de países en el IPC 2006 están relacionados con la incorporación de una nueva fuente, la Evaluación de Políticas e Instituciones Nacionales (EPIN) del Banco Mundial, al tiempo que se han suprimido del IPC de este año dos fuentes (Encuesta sobre la capacidad del Estado de la Universidad de Columbia y la Encuesta de información internacional de personas de negocios de Oriente Medio) puesto que actualmente ya tienen más de dos años de antigüedad.
La supresión de estos estudios más antiguos ha tenido como consecuencia la eliminación de los siguientes países del IPC: Afganistán, Fidji, Liberia, Palestina y Somalia. No obstante, la inclusión del EPIN y la mayor cobertura de países realizada por la consultora PERC (Political and Economic Risk Consultancy), han permitido que el IPC 2006 de TI incorporase los países siguientes: Bután, República Centroafricana, Dominica, Timor Oriental, Granada, Guinea, Mauritania, Togo y la isla de Macao en China.

¿Qué países podrían añadirse a futuros IPC?
Los países o territorios con dos fuentes de datos son: Afganistán, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bermuda, Cabo Verde, Islas Caimán, Comoros, Yibuti, Fidji, Guinea-Bissau, Liberia, Maldivas, Palestina, Puerto Rico, Samoa, São Tomé y Príncipe, Somalia, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Samoa, y Somalia. Todos ellos precisan como mínimo una nueva fuente de datos para poder incluirlos en el IPC.
Los países o territorios que únicamente disponen de una fuente de datos son: Andorra, Anguila, Aruba, Brunei, Guinea Francesa, Guadalupe, Kiribati, Liechtenstein, Martinica, Antillas holandesas, Corea del Norte, Islas Salomón, San Cristóbal y Nevis Tonga, Vanuatu e islas Vírgenes (EE.UU.). Todos ellos precisan como mínimo dos nuevas fuentes de datos para poder incluirlos en el IPC.

¿Cuáles son las fuentes de datos para elaborar el IPC?
El IPC 2006 se basa en 12 encuestas y estudios diferentes que proporcionan 9 instituciones independientes. TI se esfuerza por garantizar que las fuentes consultadas reúnan la máxima calidad y que la tarea del estudio se ejecute con plena integridad. Para poder ser utilizados, es necesario que los datos estén bien documentados y sean suficientes como para poder emitir una valoración sobre su fiabilidad. Todas las fuentes deben emitir una clasificación de naciones y medir el alcance general de la corrupción. Este requerimiento excluye aquellos estudios que mezclan la corrupción con otros aspectos, como la inestabilidad política o el nacionalismo, por ejemplo.
Los datos del IPC se han proporcionado a TI de forma desinteresada. Algunas fuentes prohíben la difusión de los datos que han aportado; otras, se pueden consultar libremente. En caso de desear consultar una lista completa de las fuentes de estudios, detalles sobre las preguntas planteadas y cantidad de encuestados para el IPC 2006, consulte el documento detallado sobre la metodología del IPC en http://www.transparency.org/surveys/index.html#cpi o http://www.ICGG.org

¿De quiénes son las opiniones que se sondean para las encuestas del IPC?
La pericia que se refleja en las puntuaciones del IPC parte de la comprensión de prácticas corruptas que comparten aquellos que residen tanto en el mundo industrializado como en vías de desarrollo. Los estudios se efectúan con empresarios y analistas nacionales. Los estudios que se emplean para el IPC recurren a dos tipos de muestras: no-residentes y residentes. Es importante observar que la opinión de los residentes coincide bastante con la de los expertos no residentes.

¿El IPC reproduce lo que difunde?
El IPC de TI ha cobrado una amplia importancia en los medios de comunicación internacionales desde su primera publicación en 1995. Sin embargo, este hecho plantea la preocupación de que las valoraciones de los encuestados puedan verse influidas por los datos que publica TI, lo que introduciría un problema de circularidad. Esta hipótesis se puso a prueba con una pregunta de estudio que se planteó a directivos empresariales de todo el mundo. A partir de las más de 9.000 respuestas, se puede afirmar que el conocimiento del IPC no empuja a los expertos empresariales a “unirse al rebaño”. El conocimiento del IPC puede animar a los encuestados a concretar sus propias opiniones. Este dato es un sólido indicador de que en la presente ocasión no existe circularidad.

¿Ha cambiado la metodología del IPC 2006?
Se ha introducido un pequeño cambio en la metodología utilizada para 2006. El IPC 2006 ya no refleja una media variable de tres años, sino que ahora ya sólo comprende los datos de dos años. Por lo tanto, el IPC 2006 de TI tan sólo utiliza datos de 2005 y 2006. El motivo de este cambio metodológico fue el interés por poder partir de datos más actuales. Si bien esta alteración no convierte al IPC en una medida actualizada de políticas anticorrupción, sí que puede mejorar la capacidad de las evaluaciones de cada uno de los países a la hora de reflejar las últimas evoluciones, sin reducir la precisión de la medición.

¿De qué forma asegura TI un control de calidad del IPC?
La metodología del IPC se somete a la revisión de un Comité Asesor del Índice compuesto por expertos internacionales de primera línea en el ámbito de la corrupción, la econometría y la estadística. Los miembros de dicho comité sugieren mejoras del IPC, aunque la decisión final sobre la metodología aplicada la toma siempre la dirección de TI.

Interpretación del IPC
¿Qué tiene más importancia, el rango de un país o su puntuación?
Mientras que la clasificación de países permite a TI elaborar un índice, la puntuación de un país es un indicador mucho más importante del nivel de corrupción percibido en ese país. El rango de un país puede variar por el mero hecho de que se hayan incorporado países nuevos en el índice o de que otros hayan desparecido.

¿El país con la puntuación más baja es el país más corrupto del mundo?
No. El país con la puntuación más baja es aquél en el que se percibe que la corrupción es mayor entre los que se consideran en la lista. Existen más de 200 naciones soberanas en todo el mundo, y el último IPC 2006 refleja 163. El IPC no contiene información relativa a los países que no refleja.

Ejemplo: ¿Qué implicaciones tiene la situación de Haití en el IPC 2006?
La corrupción de Haití se ha percibido como la más elevada en el IPC 2006. No obstante, esto no indica que Haití sea el “país más corrupto” ni que los haitianos sean el “pueblo más corrupto”. Si bien la corrupción es, de hecho, uno de los retos más imponentes a los que se enfrentan una buena gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza en Haití, la inmensa mayoría de sus habitantes tan sólo son víctimas de la corrupción. La corrupción protagonizada por un número restringido de individuos poderosos, y la incapacidad de los líderes e instituciones a la hora de controlar o evitar la corrupción, no implican que un país o su gente sean los más corruptos.

¿Las puntuaciones nacionales del IPC 2006 se pueden comparar con las de IPC anteriores?
El índice proporciona, en primera instancia, una radiografía de las opiniones de empresarios y analistas nacionales para el año en curso o los últimos años, poniendo menos acento en las tendencias de un año a otro. En caso de efectuarse comparaciones con años anteriores, éstas deberían basarse exclusivamente en la puntuación de un país y no en su rango, tal como se ha destacado antes.
Los cambios entre un año y otro en la puntuación de un país pueden ser debidos o bien a un cambio en la percepción de la actuación de un país o bien a un cambio en la muestra y metodología del IPC. La única forma fiable de comparar la puntuación de un país a lo largo del tiempo es recuperar las fuentes de estudio individuales, puesto que cada una de ellas puede reflejar un cambio de la evaluación.

¿Por qué no se registran unos cambios más marcados en la puntuación de países concretos, teniendo en cuenta la intensidad o ausencia de reformas anticorrupción o la reciente difusión de escándalos de corrupción?
Es difícil mejorar una puntuación del IPC en un período de tiempo breve. El IPC 2006 parte de datos extraídos de los dos últimos años que, a su vez, hacen referencia a percepciones que pueden haberse formado aún más allá en el pasado. Esto implica que los cambios sustanciales en las percepciones de la corrupción tan solo es probable que aparezcan en el índice en períodos de tiempo más prolongados.

Cambios en las puntuaciones entre 2005 y 2006
¿Qué puntuaciones nacionales se han deteriorado más entre 2005 y 2006?
Comparar un año con otro año resulta problemático por los motivos que hemos señalado antes. Sin embargo, en la medida en que se pueda seguir la pista de los cambios hacia atrás hasta cada una de las fuentes, se puede identificar una cierta tendencia. Algunos ejemplos de deterioro dignos de mención del IPC 2005 en comparación con el IPC 2006 son Brasil, Cuba, Israel, Jordania, Laos, Seychelles, Trinidad y Tobago, Túnez y los Estados Unidos. En estos casos, se han producido cambios reales en las percepciones de los dos últimos años.

¿Qué puntuaciones nacionales han mejorado más?
Siendo igualmente cautos, a partir de los datos obtenidos de las fuentes que se han utilizado de forma consistente para el índice, se pueden observar mejoras de 2005 a 2006 en el caso de Algeria, la República Checa, la India, Japón, Letonia, Líbano, Mauricio, Paraguay, Eslovenia, Turquía, Turkmenistán y Uruguay.

Aplicación del IPC
¿El IPC es una medida fiable del nivel de corrupción percibido en un país?
El IPC es una herramienta de medición sólida de la percepción de la corrupción. Como tal, el IPC ha sido probado y ampliamente utilizado tanto por académicos y analistas. Aún así, la fiabilidad del IPC varía de un país a otro. Los países que cuentan con un elevado número de fuentes y pequeñas diferencias en las valoraciones proporcionadas por éstas (indicadas por un limitado rango de confiabilidad) transmiten una mayor fiabilidad en términos de puntuación y clasificación; y al a inversa.

¿El IPC es una medida fiable a la hora de decidir la asignación de ayudas?
Algunos gobiernos han tratado de utilizar las puntuaciones de corrupción para determinar qué países reciben ayudas y cuáles no. TI no pretende que el IPC se utilice de esta forma. Los países que se perciben como muy corruptos no pueden darse por perdidos —precisamente son ellos los que necesitan ayuda para poder salir de la espiral de corrupción y pobreza. Cuando se cree que un país es corrupto, este dato debería utilizarse como una señal de que los donantes deben hacer inversiones que incidan en el sistema de ese país para luchar contra la corrupción. Y si los donantes tienen la intención de respaldar proyectos de desarrollo a mayor escala en países que se perciben corruptos, deberían prestar especial atención a las señales de alarma y asegurarse de que se ponen en marcha los procesos de control adecuados.

La lucha contra la corrupción de Transparency International’s y el IPC
¿Cómo se financia el IPC?
Transparency International cuenta con la financiación de diversos organismos gubernamentales, fundaciones internacionales y corporaciones, cuyo respaldo económico hace posible el IPC. Las herramientas de medición de TI cuentan con el apoyo adicional de Ernst & Young. TI no aprueba la política de una empresa por el mero hecho de aceptar su apoyo económico, así como tampoco implica a ninguno de sus patrocinadores en la gestión de proyectos. Si desea consultar más datos sobre las fuentes de financiación de Transparency International, consulte http://www.transparency.org/support_us .

¿Qué diferencia hay entre el IPC y el Barómetro Global de la Corrupción (BGC)?
El IPC evalúa las percepciones de los expertos relativas a los niveles de corrupción en el sector público en diferentes países, mientras que el Barómetro Global de la Corrupción (véase http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb) se encarga del estudio de actitudes frente a la corrupción y experiencias de corrupción entre el público general.

¿Qué diferencia hay entre el IPC y el Índice de Fuentes de Soborno de TI (IFS)?
Mientras que el IPC indica los niveles de corrupción percibidos en diferentes países, el IFS se centra en la propensión de las empresas de países líderes en exportación en practicar el soborno en el exterior —proporcionando un indicador de la “parte suministradora” de la corrupción. El último Índice de Fuentes de Soborno se publicó en octubre de 2006 y se puede consultar en: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi

FONTRA - Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia,       
del Instituto de Comunicación y Desarrollo, Uruguay http://www.icd.org.uy/
Comunicado 15/06/2007

Resultados del Concurso 2006 - 2007
Montevideo, 15 de junio de 2007: El Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA), una iniciativa del Instituto de Comunicación (ICD) y el Parnership for Transparency Fund (PTF), tiene el agrado de anunciar las iniciativas de lucha contra la corrupción ganadoras del Concurso 2006-2007.

La cantidad y la calidad de las propuestas hicieron que el trabajo de selección fuera muy arduo y difícil, ya que fueron evaluadas 118 iniciativas presentadas al Concurso, provenientes de Argentina (27 iniciativas), Brasil (31), Bolivia (16), Chile (21), Paraguay (15) y Uruguay (8). Luego de un pormenorizado análisis, fueron seleccionadas las seis iniciativas que serán apoyadas por ICD y PTF, con el respaldo de BID/FOMIN y fuentes privadas de financiamiento.
ICD y PTF agradecen a todas las organizaciones que presentaron su propuesta al primer llamado a concurso del Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA).
El éxito de esta primer Convocatoria es un fuerte impulso para la realización de un nuevo llamado a concurso durante 2007, manteniendo y profundizando el contacto con todas las organizaciones interesadas en el Programa FONTRA, y que tienen como misión realizar acciones para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad.

Titulo: Propuestas a ser financiadas por el Fondo FONTRA

Argentina - Universidad de San Andrés – Área de Derecho
Proyecto: Hacia una Política Pública de Recuperación de Activos de la Corrupción.
- Elaborará una estrategia consensuada entre todas las agencias estatales relevantes, que permita mejorar la coordinación interinstitucional de modo de orientar las investigaciones hacia la recuperación de los activos defraudados; y aumentará la capacidad técnica de los funcionarios estatales y la capacidad de control de la sociedad civil sobre el manejo judicial de los casos de corrupción.

Chile - Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)
Proyecto: El derecho a la información, herramienta para luchar contra la corrupción.
- Desarrollará audiencias públicas en el marco del Poder Legislativo para el tratamiento de la Ley de Acceso a la Información; desarrollará una campaña comunicacional para resaltar la importancia y alcance de la ley y talleres informativos con la sociedad civil sobre la ley; desarrollará un plan inicial de seguimiento a la implementación de la ley.

Brasil - Federacao das Industrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
Proyecto: Mapa de la Corrupción en Minas Gerais
Trabajará junto a las empresas para identificar los diversos aspectos que favorecen la corrupción; analizará y mapeará los riesgos de corrupción; e indicará herramientas para el combate a la corrupción.

Bolivia - Corporación PARTICIPA
Proyecto: Transparencia de Subsidios Estatales para financiar iniciativas privadas.
- Difundirá y sistematizará la regulación legal y reglamentaria de los subsidios estatales mediante la elaboración del “Marco Legal de Acceso a los Subsidios Estatales”; diseñará una Base de Datos de Subsidios Estatales administrados por cuatro servicios públicos que sea accesible a cualquier persona; elaborará un Índice de Transparencia en la administración de los subsidios estatales; elaborará propuestas de reforma de la normativa para lograr un régimen transparente y unificado de subsidios estatales.

Paraguay - ONG SUMANDO - Proyecto: Ñande Tava Coronel Oviedo
- Identificará factores de riesgo que puedan dar origen a hechos de corrupción en la ejecución presupuestaria, con la herramienta de análisis de Transparencia Internacional (TI) denominada Mapa de Riesgo; capacitará a los funcionarios, Intendente y miembros de la Junta Municipal para la prevención de la corrupción en la Municipalidad; e instalará la Contraloría Ciudadana en el municipio de Coronel Oviedo.

Uruguay - Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)
Proyecto: Ciudadanía Responsable: Promoción y Fortalecimiento de las Instituciones y Mecanismos de Transparencia en la Gestión de los Recursos Públicos.
- Analizará la situación de los sistemas y procedimientos de compras y licitaciones del Estado procurando detectar sus aspectos críticos y sus carencias; analizará la situación del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales destacando sus carencias y aspectos críticos; evaluará la situación de la información pública sobre los ciudadanos, procurando estudiar los aspectos que afectan la privacidad y el acceso personal a dicha información.
 

Listado de Empresas y Personas Sancionadas por el BID
- Las investigaciones de denuncias de fraude o corrupción en proyectos financiados por el Banco pueden arrojar distintos resultados, todos ellos dirigidos a identificar a los responsables de haber cometido violaciones a las políticas del Banco que prohíben las prácticas de fraude o corrupción.  Cuando se determina que una empresa o persona está implicada en hechos de fraude, corrupción, colusión o coerción, dichas entidades e individuos pueden ser objeto de sanciones administrativas, tales como la inhabilitación.
- Las entidades e individuos inhabilitados son declarados inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por el Grupo del BID. La inhabilitación puede ser de carácter permanente o temporal y tiene por objeto prevenir y evitar hechos de fraude y corrupción en las actividades que reciben financiamiento del Banco. También cabe la posibilidad que se apliquen otras sanciones, tales como amonestaciones o bien que se establezcan determinadas condiciones para futuros contratos.
- Un proceso administrativo se utiliza para determinar la aplicación de sanciones tales como la inhabilitación. Este proceso se inicia con la emisión de una Notificación de Cargos a las empresas y personas que se encuentran presuntamente implicadas en prácticas de fraude o corrupción.
La Oficina de Integridad Institucional busca comprobar la existencia de fraude o corrupción a través de la investigación de las denuncias. Por su lado, las partes que son objeto de la investigación tienen la oportunidad de presentar su defensa.
El Comité de Sanciones determina si se debe imponer una sanción y, si así lo hiciere, qué tipo de sanción se debe aplicar. Las actividades del Comité de Sanciones están reguladas por los Procedimientos para la Imposición de Sanciones del Banco.

Las investigaciones y procesos del BID son de carácter administrativo y tienen por objeto determinar la violación de las políticas del BID exclusivamente. Cuando el BID estima que existe la posibilidad que se hayan violado las leyes de un país miembro, puede remitir las denuncias a las autoridades nacionales correspondientes para que tomen las medidas que estimen oportunas de conformidad con las leyes y los procedimientos de dicho país miembro.
Listado de Empresas y Personas Sancionadas
Debido a que las investigaciones del BID son de carácter meramente administrativo y no constituyen un proceso de tipo legal o penal, una posible consecuencia de una investigación de la OII es que el BID remita el caso a las autoridades nacionales para que éstas adopten las medidas que correspondan en virtud de sus leyes y procedimientos como estado soberano.  En estos casos, la información se reúne conforme a las propias normas y procedimientos del Banco.  Estas remisiones se llevan a cabo con el propósito que el Gobierno pueda adoptar las medidas que estime necesarias, entre ellas la investigación del asunto en cuestión, para determinar si se ha violado alguna de sus leyes.
http://www.iadb.org/integrity/SanctionList.cfm?language=Spanish